Planeación anticipada de la agresión
La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que el homicidio de dos funcionarios capitalinos, Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo. La agresión ocurrió después de que los implicados realizaran vigilancia y recorridos de las víctimas durante el mes de mayo, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque meticulosamente preparado.
El titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que las investigaciones continúan para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. Las labores incluyen la identificación del responsable que accionó el arma y aquellos que planearon el homicidio.
Operativos y detenciones en múltiples alcaldías
Tras 11 cateos y acciones operativas en diversas alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo Gustavo A. Madero y Xochimilco, así como en los municipios del Estado de México como Otumba y Coacalco, se lograron identificar a 13 personas relacionadas con el homicidio de los funcionarios. Entre los detenidos se encuentran Jesús ‘N’, Arlet ‘N’, Neri ‘N’, Abraham ‘N’, Jesús Francisco ‘N’ y Francisco ‘N’, todos con órdenes de captura por homicidio y asociación delictuosa.
Las autoridades destacaron el uso de herramientas tecnológicas, cámaras de videovigilancia y labores de gabinete de campo, lo que permitió seguir rutas de escape y movilidad de los sospechosos fuera de la capital.
Huida y logística del crimen
Se detalló que tras consumarse la agresión, los responsables se concentraron en la colonia Barrio de Asunción, Alcaldía Iztacalco, abordaron una camioneta gris y huyeron con dirección a Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Durante la investigación, se descubrió que se utilizaron al menos cinco vehículos y una motocicleta para perpetrar la agresión y facilitar la huida: un Nissan Kicks y una camioneta tipo Urban para el escape, así como vehículos de las marcas Renault y Chevrolet para el seguimiento de las víctimas.
Intento fallido días antes del homicidio
La titular de la Fiscalía capitalina señaló que existía un alto grado de probabilidad de que el homicidio se hubiera planeado para el 14 de mayo, pero no se realizó porque Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz como lo hacía regularmente afuera del Metro Xola.
Ese día, las autoridades identificaron cinco vehículos realizando recorridos similares a los del 20 de mayo, fecha en que finalmente ocurrió el ataque. Además, se observó a un sujeto realizando vigilancia, distinto a quien disparó el día del homicidio, pero con vestimenta y modo de operación similares, evidenciando la coordinación previa del crimen.
Participación de múltiples instituciones
El operativo para la captura de los implicados contó con la colaboración de varias instituciones: Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC, SSC-CDMX, FGR y la Fiscalía capitalina. El titular de la SSPC destacó que este trabajo conjunto demuestra que el fortalecimiento institucional y la coordinación en seguridad da resultados tangibles.
Impacto y seguimiento del caso
El caso del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz resalta la vulnerabilidad de funcionarios públicos frente a grupos que planean agresiones con antelación. La investigación también ha puesto en evidencia la eficacia de los sistemas de videovigilancia y tecnología de seguimiento, elementos clave para prevenir y esclarecer delitos complejos.
La Fiscalía informó que las investigaciones seguirán en curso para localizar y capturar a cualquier otro implicado y determinar plenamente la estructura de la organización criminal detrás del ataque.
El homicidio de los funcionarios de CDMX evidencia un crimen altamente planeado y coordinado, con vigilancia previa, logística compleja y participación de múltiples vehículos. La detención de 13 personas muestra la respuesta institucional y coordinación entre autoridades federales y locales, subrayando la importancia de la tecnología y el trabajo conjunto en la resolución de delitos de alto impacto.
La Fiscalía capitalina continuará con las acciones para garantizar que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean llevados ante la justicia, enviando un mensaje de firmeza frente a agresiones contra servidores públicos y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.


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