La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una ficha roja contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal que operaba en puertos de Tamaulipas. Con esta medida, el militar en retiro es buscado en 192 países para su localización y extradición a México.
Fernando Farías Laguna en el caso huahichol fiscal
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Farías Laguna habría dirigido una estructura dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos mediante descargas clandestinas en los puertos de Altamira y Tampico. La red utilizaba buques y maniobras en aduanas para simular importaciones, evadir el pago del IEPS y hacer pasar combustibles como lubricantes o aditivos.
El caso ha derivado en 13 órdenes de aprehensión contra marinos y funcionarios aduaneros, además de la detención de 11 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del contralmirante prófugo, quien permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Implicados y vínculos con altos mandos
Entre los principales buscados también se encuentra Miguel Ángel Solano Ruiz, alias El Capitán Sol, aún prófugo. Las autoridades señalan que la operación involucró a altos mandos militares, empresarios y exfuncionarios aduaneros, con un desvío millonario en impuestos y combustibles.
La investigación ha cobrado mayor relevancia debido a los lazos familiares de Fernando Farías Laguna con José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, lo que ha encendido el debate sobre la corrupción en instituciones de seguridad y aduanas.
Habría obtenido amparo
La FGR emitió una orden de captura contra el contralmirante desde el 19 de agosto, tras vincularlo al desembarque ilegal de 31 buques. Sin embargo, Farías Laguna denunció haber sido detenido de manera irregular el 26 de ese mes en la Ciudad de México por presuntos agentes de la Fiscalía capitalina y de la Policía Federal Ministerial.
Afirmó que fue golpeado, intimidado y liberado sin cargos formales, motivo por el que promovió un amparo. Un juez le otorgó suspensión provisional contra la orden de aprehensión, condicionada al pago de una garantía y su comparecencia judicial.
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