La muerte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, marcó otro golpe a la estabilidad política en Michoacán. En un estado donde la violencia y la política se cruzan con frecuencia, su asesinato ha reavivado las dudas sobre la seguridad de los funcionarios locales y la influencia de los grupos criminales.
Durante el fin de semana, la noticia del atentado conmocionó al país. En cuestión de horas, autoridades federales y estatales se coordinaron para revisar videos y rastrear los movimientos del alcalde antes y después del ataque. El objetivo: determinar quiénes estuvieron detrás y si hubo alguna complicidad interna.
Harfuch: sin indicios de complicidad policial
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los videos obtenidos muestran la secuencia de los hechos y las acciones de los escoltas municipales. Según el funcionario, hasta el momento no existen indicios de que los policías que resguardaban a Manzo tuvieran nexos con el crimen organizado.
La investigación se centra ahora en identificar al agresor que murió en el lugar del ataque y que portaba documentos que lo vinculan a un hotel y a distintos puntos de la ciudad. Esa información podría revelar su relación con alguno de los tres grupos delictivos que operan en la zona: Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Blancos de Troya.
Michoacán, epicentro de una guerra criminal
Michoacán vive una presión constante por parte de grupos que disputan el control territorial. Los cárteles locales mantienen estructuras de extorsión y narcotráfico que se infiltran en comunidades y gobiernos.
La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han reforzado su presencia en el estado, aunque las operaciones han dejado bajas entre militares y agentes de seguridad. Según Harfuch, la estrategia federal se enfoca en combatir la extorsión y fortalecer la inteligencia operativa sin escalar el conflicto.
Avances en la investigación
El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió identificar posibles cómplices del ataque, cuyos movimientos antes y después del asesinato ya son analizados por la Fiscalía estatal.
Por ahora, no se ha solicitado la atracción del caso a la Fiscalía General de la República, aunque no se descarta si surgen indicios de vínculos interestatales o financieros entre cárteles.
El día del atentado, el alcalde asistió a un evento público sin revisión de asistentes, lo que facilitó que los agresores se acercaran a corta distancia. Este punto, reconocido por las autoridades, evidenció una vulnerabilidad en los protocolos de seguridad municipal.
Refuerzo federal y llamado a la coordinación
Ante la tensión creciente, el gobierno federal anunció un refuerzo de efectivos en Michoacán. Las operaciones se concentran en zonas de alto riesgo, donde la rivalidad entre grupos delictivos amenaza la seguridad de civiles y funcionarios.
La estrategia busca evitar nuevas tragedias como la de Manzo, fortaleciendo la coordinación entre Guardia Nacional, Sedena y autoridades estatales. El objetivo: restaurar la confianza y garantizar que los gobiernos locales puedan ejercer su función sin miedo ni intimidación.
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