Ante el alarmante aumento de la extorsión, el Gobierno Federal ha lanzado una estrategia nacional sin precedentes. El plan, que arranca en 8 estados clave, se basa en 5 pilares que combinan inteligencia, acción financiera y apoyo a las víctimas para combatir el delito que más afecta a ciudadanos y empresas.
La extorsión se ha consolidado como el cáncer silencioso que carcome la economía y la paz social en México. Es el delito de más rápido crecimiento y, paradójicamente, el menos denunciado: se estima que solo el 0.2% de los casos llega a las autoridades. En respuesta a esta epidemia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, ha presentado una «guerra total» contra este flagelo, una estrategia nacional que busca atacar el problema desde sus raíces.
Un Crimen que Ahoga a México: La Dimensión de la Extorsión
Desde el pequeño comerciante con un puesto en la calle hasta las grandes empresas de transporte, nadie parece estar a salvo. La extorsión, en sus múltiples modalidades —cobro de piso, secuestro virtual, amenazas telefónicas—, se ha convertido en una fuente de financiamiento primordial para el crimen organizado y delincuentes comunes.
La estrategia federal se enfocará inicialmente en las ocho entidades que concentran el 66% de todas las denuncias a nivel nacional. Estos estados son:
* Estado de México
* Guanajuato
* Nuevo León
* Ciudad de México
* Veracruz
* Jalisco
* Guerrero
* Michoacán
Los 5 Pilares de la Nueva Estrategia Nacional
El plan presentado por García Harfuch se articula en cinco ejes de acción diseñados para ser implementados en coordinación con los gobiernos estatales y municipales :
* Inteligencia y Capturas: Se priorizará el uso de inteligencia financiera y de campo para desmantelar las redes criminales y detener a sus operadores, en lugar de solo reaccionar a las denuncias.
* Unidades Anti-Extorsión Locales: Se impulsará la creación y fortalecimiento de Unidades Especializadas en Combate a la Extorsión (UECS) en cada uno de los estados prioritarios.
* Protocolo Unificado de Atención a Víctimas: Se establecerá un protocolo estandarizado a nivel nacional para brindar apoyo psicológico, legal y de seguridad a las víctimas, muchas de las cuales están paralizadas por el miedo.
* Capacitación del 089: Los operadores de la línea de denuncia anónima 089 recibirán entrenamiento especializado en manejo de crisis y técnicas de negociación para poder orientar eficazmente a las víctimas en el momento del llamado.
* Campaña Nacional de Prevención: Se lanzará una campaña masiva en medios de comunicación y redes sociales para educar a la población sobre cómo identificar los diferentes tipos de extorsión y qué hacer para no convertirse en víctima.
El Brazo Financiero y Tecnológico del Plan
Una de las claves de la nueva estrategia es atacar el flujo de dinero que alimenta a los extorsionadores. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) jugará un papel central, con la facultad de congelar de manera expedita las cuentas bancarias que se utilicen para recibir los pagos de las extorsiones.
Además, se buscarán órdenes judiciales para bloquear las líneas telefónicas utilizadas para cometer el delito, muchas de las cuales, según las autoridades, operan desde el interior de los centros penitenciarios. Esta medida se alinea con la nueva Ley de Telecomunicaciones, que ha generado debate pero que el gobierno defiende como una herramienta indispensable contra el crimen. El plan también contempla la capacitación de personal de tiendas de conveniencia y bancos para detectar y prevenir depósitos sospechosos destinados a extorsionadores.
«Es una apuesta valiente. está entrando a combatir un delito de competencia estatal del que ningún presidente anterior había querido hablar por el riesgo de visibilizarlo más y acabar con estadísticas contraproducentes una vez que las víctimas denunciaran», señala el experto en seguridad Carlos Pérez Ricart.
Una Apuesta Política de Alto Riesgo
La decisión de la administración de Claudia Sheinbaum de enfrentar directamente la extorsión es vista como una apuesta política de alto calibre. Mientras las cifras de homicidios pueden mostrar una tendencia a la baja, la percepción de inseguridad ciudadana sigue siendo alta precisamente por delitos como la extorsión, que afectan la vida cotidiana y la economía familiar.
El sector empresarial, a través de organismos como la COPARMEX, ha respaldado la iniciativa y ha pedido ir más allá, impulsando una Ley General de Extorsión que homologue los criterios y castigos en todo el país para una persecución más efectiva del delito. El éxito de esta estrategia podría convertirse en uno de los legados más importantes del actual gobierno en materia de seguridad.
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