La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación a proceso de 14 detenidos por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. El anuncio fue realizado por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien resaltó la importancia de este avance en la lucha contra delitos fiscales y corrupción en México.
Según el fiscal, las investigaciones iniciaron a partir de denuncias presentadas por el ex secretario de Marina Rafael Ojeda en 2024, relacionadas con posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero dentro de la red de distribución ilegal de combustible.
Investigación coordinada con autoridades financieras y de seguridad
Para garantizar un proceso transparente, la FGR coordinó acciones con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda. Esta cooperación permitió armar un expediente sólido que culminó con la emisión de órdenes de aprehensión contra los implicados.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que ni el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, ni el ex senador Gerardo Novelo cuentan con órdenes de captura relacionadas con este caso. Además, el funcionario confirmó que el asunto es independiente del asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas.
Operativos clave en Ensenada y Altamira
En marzo de 2025, se llevaron a cabo operativos en Ensenada y Altamira, donde autoridades encontraron depósitos enormes de combustible no declarado. Estos hallazgos fueron determinantes para vincular a los 14 detenidos, quienes, salvo dos que se encontraban fuera del país, ya se encuentran bajo custodia.
El secretario de Marina, Raymundo Morales, subrayó que la institución mantiene estrictos controles y medidas de confianza para evitar la infiltración de la corrupción. “El objetivo es cero tolerancia y vamos a continuar”, señaló durante la mañanera del pueblo.
Impacto en la lucha contra el crimen fiscal
El caso marca un paso importante en la estrategia del gobierno mexicano para frenar el huachicol fiscal, un delito que no solo afecta la recaudación tributaria, sino también la seguridad y economía del país. La FGR ha destacado que todas las diligencias se realizaron bajo control judicial, garantizando la transparencia y legalidad de cada acción.
La vinculación a proceso refuerza la señal de que las autoridades están comprometidas con la cero tolerancia a la corrupción, especialmente en delitos que involucran recursos públicos y lavado de dinero. Expertos legales señalan que estas medidas son cruciales para disuadir a futuras redes de delincuencia organizada fiscal.
Próximos pasos en la investigación
La FGR continúa con las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y esclarecer la magnitud de la red de huachicol fiscal. Mientras tanto, los vinculados a proceso enfrentarán el procedimiento judicial correspondiente, con el objetivo de que se haga justicia y se fortalezca la confianza en las instituciones.
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