El robo de hidrocarburos, conocido popularmente como huachicol, ha encontrado una nueva ruta de operación clandestina en México: los ferrotanques. Esta modalidad, recientemente expuesta por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, implica el uso de trenes para el traslado encubierto de gasolina robada, lo que marca un preocupante giro en las estrategias del crimen organizado para evadir la vigilancia en los ductos tradicionales.

Durante una conferencia matutina del gobierno federal, García Harfuch reveló que las autoridades ya han iniciado acciones judiciales en torno a este caso. Existen órdenes de cateo y detención relacionadas con el hallazgo de combustible ilegal en infraestructura ferroviaria, lo que sugiere la existencia de una red estructurada que no solo roba el producto, sino que cuenta con medios industriales y logísticos para moverlo de forma masiva por el país.

Una empresa bajo la lupa

Uno de los elementos más llamativos de las declaraciones oficiales fue la mención de la empresa Ingemar, que según el secretario, está directamente implicada en las investigaciones en curso. Aunque García Harfuch evitó entrar en detalles, confirmó que la firma figura en varias carpetas de investigación abiertas por el delito de robo de hidrocarburos.

El señalamiento público de Ingemar representa una de las pocas ocasiones en que se menciona con nombre a una entidad privada vinculada a operaciones de huachicol. Esto refuerza la hipótesis de que el negocio ilegal del combustible no se limita a tomas clandestinas en zonas rurales, sino que involucra complicidad empresarial y acceso a infraestructura especializada, como los tanques de ferrocarril.

La empresa, cuya actividad está relacionada con el transporte y almacenamiento de productos industriales, habría sido utilizada para movilizar gasolina robada bajo apariencia legal, lo que complica los mecanismos de rastreo y control por parte de las autoridades.

Modus operandi: sofisticación y capacidad logística

García Harfuch también confirmó la existencia de un modus operandi específico, en el que ferrotanques son cargados con combustible ilegal y trasladados a diferentes puntos del país. Esta modalidad sugiere que los grupos delictivos han desarrollado una red paralela de logística y distribución, capaz de burlar tanto a las fuerzas federales como a las auditorías fiscales y de transporte.

El uso del sistema ferroviario representa un cambio de táctica respecto al huachicol tradicional, que históricamente ha estado centrado en el saqueo de ductos y la distribución en bidones o pipas. Ahora, con el uso de trenes, el volumen y el alcance de la operación aumentan considerablemente, al tiempo que se reduce la visibilidad de las rutas utilizadas.

La declaración también pone de relieve la dificultad de detectar estas operaciones, ya que los trenes forman parte de la cadena legal de transporte de hidrocarburos. Esto implica que los criminales han infiltrado o coludido con operadores del sector ferroviario, lo que eleva el nivel de complejidad del fenómeno.

Cateos y detenciones en curso

Las investigaciones no se han quedado en declaraciones. Según lo dicho por García Harfuch, ya se han ejecutado órdenes de cateo y detenciones como parte de la ofensiva contra esta nueva ruta del huachicol. Aunque no se han revelado nombres ni cifras específicas, esto indica que el caso ya ha avanzado a una fase judicial activa y que los hallazgos recientes podrían ser solo la punta del iceberg.

La Secretaría de Seguridad trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras dependencias federales, en lo que podría convertirse en uno de los casos más importantes del año en materia de robo de hidrocarburos. El hecho de que se involucre infraestructura ferroviaria también ha puesto en alerta a empresas concesionarias del transporte ferroviario, que ahora deberán reforzar sus medidas de supervisión interna.

Diversificación criminal con rostro industrial

El caso de los ferrotanques confirma que el crimen organizado ha evolucionado hacia esquemas más sofisticados, incorporando elementos propios de la industria legal para encubrir sus operaciones. La diversificación en los métodos del huachicol no solo representa un desafío para la seguridad pública, sino también para el sector energético y logístico del país.

El señalamiento a una empresa específica, las órdenes judiciales en curso y la admisión de una nueva modalidad de transporte ilegal marcan una etapa crítica en la lucha contra el robo de hidrocarburos. Las autoridades tienen ahora la tarea de desmantelar una red que opera con apariencia de legalidad, mientras que la sociedad mexicana vuelve a enfrentar la pregunta clave: ¿quién se beneficia realmente del huachicol moderno?