El caso que sacude a Manzanillo
La política local de Colima atraviesa uno de sus capítulos más polémicos tras conocerse que Griselda Martínez Martínez, exalcaldesa de Manzanillo, fue vinculada a proceso junto con otros nueve exfuncionarios de su administración, la cual concluyó en octubre de 2024.
La acusación: un presunto desvío de 35 millones de pesos, que incluye la entrega de bonos de liquidación irregulares a más de 200 empleados, regidores y hasta al propio presidente municipal.
El peso de la investigación judicial
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, un juez de control determinó que existe evidencia suficiente para iniciar el proceso por:
- Peculado
- Uso ilícito de atribuciones y facultades
- Violación a la normativa estatal en remuneraciones
Estos delitos, según los especialistas en derecho administrativo, podrían derivar en inhabilitaciones políticas, sanciones económicas e incluso penas de cárcel en caso de comprobarse la responsabilidad.
Storytelling: del poder a la polémica
En 2018, Griselda Martínez llegó a la presidencia municipal con un discurso de honestidad y cambio. Su gestión fue vista por algunos sectores como una oportunidad de transparencia en un puerto clave para la economía mexicana.
Sin embargo, al concluir su administración en 2024, el relato dio un giro inesperado: las investigaciones apuntan a un uso indebido de recursos públicos, con pagos fuera de la norma que presuntamente beneficiaron a su círculo político más cercano.
El contraste entre la imagen de renovación política y la acusación por corrupción convierte este caso en un símbolo de la desconfianza ciudadana hacia quienes llegan al poder prometiendo transformaciones.
¿Qué significa este caso para Colima?
Este proceso judicial no solo afecta a la figura de la exalcaldesa, sino también a la percepción pública de la política en Manzanillo y en el estado de Colima.
Los expertos aseguran que la corrupción municipal erosiona la confianza social y afecta directamente al desarrollo de los municipios. En el caso de Manzanillo, uno de los puertos más importantes de México, el impacto político y económico puede ser aún mayor.
Futuro del proceso y posibles consecuencias
El juez ha ordenado medidas cautelares mientras avanza la investigación, y se espera que en las próximas semanas se definan las audiencias clave que podrían determinar si el caso va a juicio.
De confirmarse la imputación, Griselda Martínez y los nueve exfuncionarios podrían enfrentar:
- Inhabilitación para ocupar cargos públicos
- Devolución de recursos desviados
- Responsabilidad penal por corrupción
TE PODRÍA INTERESAR