El caso ocurrido el 19 de agosto en la colonia Jardín Balbuena, CDMX, donde un motociclista murió tras recibir un disparo por la espalda de un policía, reavivó la discusión sobre los límites del uso de la fuerza. Según la versión de la SSC, los jóvenes se resistieron a una revisión y agredieron a los oficiales, lo que derivó en el enfrentamiento. Sin embargo, el video del hecho muestra que el disparo ocurrió cuando la víctima ya se alejaba, lo que abre dudas sobre si existía una amenaza real.
Este caso ha generado cuestionamientos sobre si fue un acto de legítima defensa o un abuso de autoridad, y pone bajo la lupa los protocolos oficiales que rigen el actuar policial.
Cuándo se justifica el uso de armas de fuego
De acuerdo con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el disparo de un arma por parte de un policía es un recurso excepcional. Solo se justifica cuando existe un peligro inminente que amenaza la vida de los agentes o de terceros, y cuando otros métodos menos letales ya resultaron insuficientes.
El Artículo 13 señala que la agresión debe ser real, actual o inminente, y debe poner en riesgo directo la integridad física de alguien. Es decir, que huir de un punto de control o resistirse sin armas no constituye, por sí mismo, una justificación para el uso de fuerza letal.
Los protocolos internos de la SSC coinciden: el empleo de armas de fuego solo procede para preservar la vida propia o la de otras personas. Amenazas como apuntar con un arma, usar explosivos o poner en riesgo inmediato a civiles son las únicas situaciones que avalan esta acción.
En consecuencia, cualquier disparo fuera de estos parámetros puede considerarse ilegal, abriendo la puerta a sanciones por abuso de autoridad o incluso por homicidio.
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