La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) confirmó la detención de un militar activo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), identificado como Jairo “N”, acusado de abusar de una niña de 9 años en Cozumel.
La noticia generó conmoción en la isla, pues la menor fue presuntamente interceptada cuando vendía frituras cerca del cuartel militar. La detención se logró gracias a la rápida denuncia de los familiares y la intervención de las autoridades locales.
Protestas y violencia en la isla tras la detención
La indignación ciudadana escaló el fin de semana con protestas frente a la Guarnición Militar. Manifestantes arrojaron piedras y causaron destrozos, lo que llevó a elementos de seguridad a responder con disparos al aire para dispersar a la multitud.
Incluso se reportó un saqueo en una tienda de conveniencia cercana al complejo militar.
Alcalde de Cozumel responsabiliza a los padres de la víctima
En medio de la crisis, el presidente municipal José Luis Chacón generó controversia al culpar a los padres por “dejar sola” a la menor.
“Hoy por hoy fue un gran susto, pero no podemos permitir que los menores anden solos vendiendo dulces o chicharrones a altas horas de la noche”, declaró el edil.
Sus palabras fueron criticadas por familiares y colectivos, quienes acusaron al alcalde de revictimizar a la niña y desviar la responsabilidad de las autoridades.
Testimonio de la madre: denuncias de encubrimiento e irregularidades
La madre de la víctima señaló que las autoridades manipularon declaraciones y no garantizaron atención médica adecuada a la niña, quien presenta golpes en la cabeza tras haber sido arrojada de una motocicleta en movimiento.
“Me hicieron firmar una declaración acomodada. Mi hija no recibió valoración ginecológica ni estudios básicos. Temo que este militar quede libre”, denunció en entrevista.
Asimismo, responsabilizó al alcalde, a la milicia y a la fiscalía de cualquier represalia en su contra.
Exigencia de justicia en Cozumel
La comunidad de Cozumel ha mostrado respaldo a la familia y exige un proceso transparente. Colectivos contra la violencia infantil señalaron que este caso refleja la vulnerabilidad de los menores y la urgencia de garantizar justicia sin encubrimientos.
La FGE informó que el militar permanece detenido y será el juez quien determine su situación jurídica en los próximos días.
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