El 2 de agosto de 2025, la tranquilidad del norte de Veracruz se vio interrumpida por un motín violento en el penal de Tuxpan, que dejó un saldo de nueve personas muertas, entre ellas cinco de origen guatemalteco. Lo que parecía un disturbio aislado se convirtió en una crisis que destapó presuntas redes de corrupción y la presencia del crimen organizado al interior de la cárcel.
La caída de funcionarios y reos implicados
Tras semanas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención de 13 presuntos responsables del motín.
- Diez internos fueron señalados por homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.
- Tres funcionarios del Centro de Readaptación Social de Tuxpan, identificados como Iván “N”, Roberto Cristian “N” y Óscar Yair “N”, enfrentan cargos por incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.
Las capturas se realizaron de manera simultánea en Cosamaloapan, Acayucan y Xalapa, en un operativo coordinado por la Policía Ministerial.
El eco del crimen organizado
Durante el motín, internos denunciaron agresiones y extorsiones vinculadas al Grupo Sombra, también conocido como la Mafia Veracruzana, una organización criminal que mantiene presencia en la región norte del estado. Estas acusaciones refuerzan la hipótesis de que el control penitenciario estaba debilitado por la complicidad de autoridades.
Ataques posteriores con drones
Como si la violencia no hubiera sido suficiente, en las semanas posteriores al motín, el penal de Tuxpan fue blanco de dos ataques con explosivos lanzados desde drones. Aunque no hubo víctimas, los hechos incrementaron el miedo entre la población local y evidenciaron la vulnerabilidad del sistema penitenciario frente a la tecnología empleada por el crimen organizado.
Una herida abierta para Veracruz
El motín y sus consecuencias representan un duro golpe para el sistema de seguridad y justicia en Veracruz. La captura de funcionarios penitenciarios abre un debate sobre la responsabilidad de las autoridades y el alcance de la corrupción dentro de los centros de reclusión.
La pregunta que queda es clara: ¿serán estas detenciones suficientes para frenar la violencia en un penal que sigue marcado por la sombra del crimen organizado?
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