La organización internacional Artículo 19 encendió las alarmas al revelar un repunte preocupante de procesos judiciales usados como herramienta de censura en México.
De enero a julio de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación. Esto significa que, en promedio, cada cuatro días se abre un nuevo proceso legal.
Según el informe “Las leyes como mecanismo de censura”, se identificaron demandas contra 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres—, además de 12 medios. Los estados más afectados son Veracruz (10 casos), Ciudad de México (9) y Jalisco (6).
Artículo 19 explicó que estas acciones, conocidas como SLAPPs (litigios estratégicos contra la participación pública), buscan desgastar y silenciar a los comunicadores más que obtener un fallo favorable en tribunales.
Uso político de la ley y riesgos para la libertad de expresión
El informe destaca el abuso de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). Aunque fue creada para combatir la discriminación, hoy se utiliza de manera desproporcionada para intimidar a periodistas.
De los 51 casos registrados, 25 se presentaron bajo esta figura, llegando incluso a eliminar publicaciones o exigir disculpas públicas.
Entre los ejemplos más notorios se encuentran la demanda contra Lourdes Mendoza, los procesos contra Jorge Luis González en Campeche y la acción legal contra Hernán Gómez y Penguin Random House tras la publicación del libro Traición en Palacio.
Artículo 19 y especialistas advierten que este patrón sienta un precedente negativo, al convertir a la ley en un mecanismo de control político. También exigieron al Congreso eliminar delitos como difamación y calumnias, además de establecer límites al uso de la VPEG.
La organización subraya que, de no frenar esta tendencia, el periodismo crítico en México corre el riesgo de quedar cada vez más restringido.
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