La noche del 2 de agosto marcó un nuevo capítulo de horror en el sistema penitenciario de Veracruz. En el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan, una riña entre internos terminó con la vida de siete personas privadas de la libertad y dejó once heridos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reaccionó de inmediato, exigiendo medidas urgentes y denunciando una crisis que llevaba años gestándose a la vista de las autoridades.
Un motín que era evitable: la historia que nadie quiso escuchar
No fue una sorpresa. Desde hace más de dos años, la CNDH había emitido advertencias contundentes sobre el deterioro estructural en el penal de Tuxpan: violencia interna, falta de personal, sobrepoblación, nula atención médica y condiciones indignas. Sin embargo, esas alertas fueron desestimadas por el Sistema Penitenciario Estatal.
La tragedia del 2 de agosto fue, en palabras de la propia Comisión, “una consecuencia previsible de la omisión prolongada de medidas de prevención”.
Derechos humanos ignorados: el clamor de las familias
En su comunicado oficial, la CNDH urgió a las autoridades estatales a garantizar los derechos fundamentales de los internos, incluyendo su salud, integridad y contacto con el exterior.
“Es imperativo actuar con inmediatez para salvaguardar la vida y dignidad de las personas privadas de su libertad”, señala el organismo.
Familiares de los internos heridos o fallecidos exigieron apoyo médico, legal y administrativo. El miedo se ha instalado en las visitas, muchas de ellas realizadas por mujeres, niñas y niños que también sufren los efectos del abandono institucional.
Operativo federal: contención y traslados tras la violencia
La respuesta estatal fue reforzada por fuerzas federales. Elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano participaron en un operativo para restablecer el control. Los internos identificados como generadores de violencia fueron trasladados, mientras equipos médicos brindaban atención de emergencia a los lesionados.
Pero para la CNDH, estas acciones son apenas una respuesta reactiva. La exigencia es más profunda: una transformación estructural del modelo penitenciario en Veracruz.
Diagnósticos ignorados y una calificación preocupante
En junio de 2023, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana reportó que no existían riesgos en los penales estatales. Sin embargo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de ese año reflejaba otra realidad: el penal de Tuxpan obtuvo una calificación de 7.01, con graves deficiencias en seguridad, prevención de violencia y atención de quejas por abusos.
Para 2024, la situación empeoró: el sistema penitenciario de Veracruz cayó a una calificación global de 6.31. Los principales hallazgos del informe incluyen:
- Déficit de custodios y personal de seguridad
- Clasificación inadecuada de internos
- Sobrepoblación persistente
- Autogobierno en pabellones
- Extorsiones internas y delitos continuos
CNDH exige medidas inmediatas y vigilancia constante
La Comisión hizo un llamado enérgico para que se identifiquen y corrijan con urgencia los factores que propiciaron el motín, y para que se refuercen los esquemas de seguridad no solo en Tuxpan, sino en todos los centros penitenciarios del estado.
Además, anunció que mantendrá una supervisión permanente del caso, evaluando tanto las acciones de contención como las mejoras en las condiciones internas del penal.
“Es fundamental evitar nuevas tragedias mediante políticas de prevención, profesionalización del personal penitenciario y una profunda revisión del modelo actual”, concluyó la CNDH.
Un sistema al límite: ¿cuántas muertes más serán necesarias?
El caso de Tuxpan evidencia que las cárceles en México no solo están rebasadas, sino que también representan una bomba de tiempo alimentada por la indiferencia. Las recomendaciones están hechas. Los diagnósticos existen. Pero mientras no se actúe con decisión, la violencia seguirá cobrando vidas en el olvido de los muros carcelarios.
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