Más allá del drama animalista, el caso Pergatuzoo ha mutado en una severa crisis política para la administración del Estado de México, poniendo en el centro del debate su estrategia de seguridad, la integridad de sus policías y el uso de los recursos públicos.
Toluca, Edomex.- El eco de las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las graves acusaciones de complicidad policial contra el albergue Pergatuzoo ha llegado hasta el Palacio de Gobierno en Toluca. Lo que inició como una denuncia en redes sociales es ahora un escándalo de proporciones nacionales que pone al gobierno del Estado de México bajo un intenso escrutinio político y social.
La narrativa es devastadora para cualquier administración: un grupo criminal opera con impunidad en uno de sus municipios, y la policía, en lugar de ser la solución, es señalada como parte del problema. Este caso se ha convertido en el «exhibit A» de las fallas en la estrategia de seguridad estatal, generando una crisis de confianza que la gobernadora y su gabinete están obligados a enfrentar.
Una crisis de confianza en la seguridad estatal
La principal repercusión política del caso Pergatuzoo es la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. La percepción de que la policía puede estar coludida con los criminales es uno de los mayores temores de la población y una de las peores pesadillas para un gobernante.
Este escándalo alimenta la narrativa de que el Estado ha perdido el control en ciertas zonas y que sus propios agentes pueden ser un peligro en lugar de un escudo. Para la administración actual, esto significa que cada comunicado, cada acción o cada silencio será interpretado a través del prisma de la desconfianza generada por este caso. La presión de la opinión pública, amplificada por las redes sociales, exige una respuesta contundente e inmediata.
Oposición y activistas capitalizan la crisis
Como es natural en el juego político, la oposición en el congreso estatal y diversas organizaciones de la sociedad civil ya han comenzado a levantar la voz. Se esperan puntos de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Seguridad del estado, así como exigencias de una investigación «hasta sus últimas consecuencias».
Los grupos de activistas por los derechos de los animales, que tienen una considerable capacidad de movilización, han encontrado en este caso una causa que trasciende su ámbito, sumando a ciudadanos indignados por la corrupción y la inseguridad. La marcha convocada en la Ciudad de México es solo el primer paso de una presión que, previsiblemente, irá en aumento.
«Haremos un panteón virtual, una marcha, una protesta, alzaremos la voz», advirtieron desde el albergue, demostrando su intención de no dejar que el caso se enfríe y de mantenerlo en la agenda pública.
La pregunta incómoda: ¿Dónde están los recursos de Seguridad?
La crisis política se agudiza al contrastarla con los anuncios de inversión en seguridad. Recientemente, se informó que municipios clave del Estado de México, como Ecatepec, Toluca y Tultitlán, serán de los más beneficiados con los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom), que en parte se destinan a seguridad.
El caso de Nicolás Romero plantea una pregunta incómoda y políticamente costosa: ¿De qué sirve inyectar más dinero a los municipios si las corporaciones policiales enfrentan acusaciones de corrupción tan graves? La ciudadanía y los actores políticos ahora exigirán no solo más recursos, sino una rendición de cuentas estricta sobre cómo se gastan y, fundamentalmente, una depuración profunda de los cuerpos de seguridad.
Esperando una respuesta del palacio de Gobierno
Hasta el momento, la respuesta oficial ha sido cautelosa. Sin embargo, la magnitud que ha tomado el escándalo obliga a la gobernadora a tomar una postura firme. Un simple comunicado no será suficiente. Se espera el anuncio de una investigación especial, la suspensión de los mandos policiales de la zona implicada y un plan de acción visible para proteger al albergue.
El manejo de esta crisis definirá en gran medida la percepción sobre la capacidad y el compromiso de la actual administración mexiquense con la seguridad y el estado de derecho. El reloj político está en marcha.
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