El asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache, ha desatado una fuerte controversia no solo por la brutalidad del crimen, sino por las irregularidades institucionales detectadas en su investigación. El caso ha puesto bajo escrutinio a la administración de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, tras revelarse que el médico presentado como forense no practicó la necropsia ni cuenta con credenciales periciales.
Una conferencia con dudas desde el inicio
El lunes 28 de julio, Rocío Nahle ofreció una conferencia de prensa para explicar la versión oficial sobre la muerte de Irma Hernández. Ahí presentó al doctor José Eduardo Márquez Nava como el perito que practicó la necropsia y confirmó que la causa de muerte fue un infarto, desestimando otras posibles causas vinculadas a tortura o asesinato.
Con firmeza, la mandataria defendió su postura:
“Es de miserables llevarlo a niveles de escándalo… aquí está el doctor que hizo la necropsia, él es”.
Márquez Nava describió lesiones externas y detalló que, según su análisis, Irma murió por un infarto tras sufrir múltiples agresiones físicas. Pero pronto, la versión oficial comenzó a desmoronarse.
El médico presentado no era perito forense
Investigaciones periodísticas, entre ellas de Milenio y Latinus, revelaron que José Eduardo Márquez Nava no está registrado como médico forense. En el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, solo aparece con una cédula de médico general, emitida en 2018 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (cédula 11155803).
Tampoco figura con especialización en medicina legal ni como médico legista, lo cual contradice su presentación como perito en una conferencia oficial.
Según las mismas fuentes, Márquez Nava trabaja como médico de guardia para la Secretaría de Seguridad Pública en la región de Tuxpan. Su papel fue certificar el fallecimiento en el lugar de los hechos, no practicar una necropsia ni elaborar un dictamen legal.
La fiscalía no autorizó presencia del perito real
De acuerdo con información extraoficial citada por Milenio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz habría decidido no enviar al verdadero médico forense a la conferencia, bajo el argumento de que revelar detalles vulneraría el debido proceso y la secrecía de la investigación.
Frente a esa negativa, el gobierno estatal habría sustituido al perito por un médico sin peritaje, para validar públicamente su versión de los hechos.
¿Minimizar el feminicidio?
Durante la misma conferencia, Rocío Nahle repitió una frase que causó molestia entre colectivos feministas y familiares de víctimas:
“La maestra fue violentada y después de ser violentada sufrió un infarto, les guste o no”.
La expresión fue interpretada como una forma de revictimización y minimización de responsabilidades, sobre todo por la insistencia en desligar la muerte del crimen organizado y enfatizar que el infarto fue una consecuencia “natural”.
Indignación social y exigencia de justicia
Organizaciones feministas, especialistas en derechos humanos y activistas exigieron transparencia en el proceso legal, así como sanciones por la presentación de información falsa en una conferencia oficial.
También cuestionaron el mensaje que esto envía a las víctimas de violencia en Veracruz, al percibirse una narrativa oficial que resta gravedad al feminicidio y desacredita la urgencia de justicia con perspectiva de género.
Más que un error, un engaño institucional
El caso de Irma Hernández Cruz trasciende el ámbito judicial: se ha convertido en un escándalo político, un símbolo de cómo las instituciones pueden tergiversar la verdad cuando los intereses de imagen pública están en juego.
Al presentar a un médico sin formación forense como si fuera perito oficial, el gobierno de Veracruz alteró la percepción de los hechos y abrió la puerta a una nueva discusión: ¿cuánto vale la verdad para las autoridades cuando se trata de víctimas?
La indignación crece, y con razón.
TE PODRÍA INTERESAR