Caso Ayotzinapa. Más de una década después de la desaparición de los 43 normalistas, una nueva resolución judicial coloca nuevamente el tema en el centro del debate público. El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar “la totalidad de información” relacionada con los hechos, generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares.
La decisión judicial se refiere específicamente a 853 folios que el juzgado considera que el Ejército tiene en su poder. Durante años, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos han insistido en que esos documentos contienen información clave para conocer el paradero de sus hijos.
La resolución deriva del juicio de amparo 1350/2023, promovido por las familias en agosto de 2023, ante la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014.
La orden judicial y los archivos del Caso Ayotzinapa
El fallo reconoce que existe “discontinuidad” en los folios entregados previamente, lo que constituye un indicio de que la información completa obra en poder de las autoridades militares. A pesar de que la Sedena había negado la existencia de los documentos faltantes, el juez determinó que deben ser entregados en su totalidad.
Organizaciones que acompañan a las familias, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz, informaron que la resolución establece que los archivos no pueden clasificarse como confidenciales o secretos, debido al interés preponderante de las víctimas y de la sociedad en conocer la verdad.
La decisión también subraya la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la verdad, especialmente en casos de desaparición forzada.
El papel del GIEI y los documentos incompletos
La existencia de los más de 800 folios fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que asistió a las familias hasta julio de 2023.
En su informe final, el GIEI documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas elaboradas por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en 2014, relacionadas con el seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Sin embargo, los documentos entregados estaban incompletos. Según el propio informe, la numeración discontinua evidenciaba la existencia de información faltante y un posible ocultamiento arbitrario.
Este señalamiento marcó un punto clave en la exigencia de los familiares, quienes reiteraron que la documentación pendiente podría aportar elementos relevantes a la investigación.
El amparo y la exigencia de las familias
Ante lo que calificaron como “parálisis” de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), creada por decreto presidencial en 2018, las familias recurrieron a la justicia federal.
En su demanda de amparo, reclamaron la omisión de la Sedena de entregar la totalidad de reportes de inteligencia generados en 2014, incumpliendo el decreto que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
El fallo emitido el 19 de febrero reconoce que existe un interés superior en la entrega de la información y que no puede prevalecer una clasificación de seguridad nacional cuando está en juego el derecho de las víctimas.
Además, dentro del mismo proceso judicial, en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier documento relacionado con el expediente.
Derecho a la verdad y acceso a la información
En el contexto del Caso Ayotzinapa, la resolución refuerza el principio de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos.
Las organizaciones acompañantes señalaron que la determinación judicial reconoce expresamente el derecho de las familias a conocer la verdad y obliga a la institución castrense a entregar la totalidad de la documentación generada por sus áreas de inteligencia.
La orden judicial representa un nuevo capítulo en un proceso que ha transitado por múltiples instancias nacionales e internacionales.
Más allá de los debates políticos, el eje central de la resolución se concentra en la obligación institucional de transparentar archivos y permitir el acceso a información que, de acuerdo con el juzgado, obra en poder de autoridades militares.
A once años de los hechos, el Caso Ayotzinapa vuelve a colocarse en la agenda pública con una instrucción clara: la entrega completa de los documentos de inteligencia de 2014.
El cumplimiento de esta orden será determinante para el curso de las investigaciones y para el derecho de las familias a obtener respuestas. En ese escenario, el Caso Ayotzinapa continúa siendo un referente nacional en materia de justicia, memoria y acceso a la información pública.
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