El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado la noche del 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos en el centro de la ciudad. Manzo, de 40 años, recibió múltiples disparos que terminaron con su vida, dejando un profundo impacto en la comunidad y renovando la preocupación sobre la violencia en Michoacán.

Reconocido por su postura firme contra el crimen organizado, Manzo no dudaba en enfrentar a presuntos delincuentes. Esta política de seguridad le valió tanto críticas como reconocimientos, y convirtió su vida en un constante riesgo, a pesar de contar con protección federal tras expresar públicamente que había sido amenazado.

Trayectoria política de Carlos Manzo

Carlos Manzo llegó a la alcaldía de Uruapan tras ganar las elecciones de 2024, compitiendo contra un candidato independiente. Antes de asumir este cargo, Manzo se desempeñó como auditor del IMSS en Michoacán y más tarde fue diputado federal por Morena, partido oficialista. Su carrera política estuvo marcada por un enfoque en la seguridad y la transparencia, buscando soluciones efectivas ante la creciente violencia en la región.

Desde que asumió la presidencia municipal en septiembre de 2024, Manzo implementó medidas directas para mejorar la seguridad de Uruapan, ciudad conocida por ser un importante centro de producción de aguacate. Su estilo era visible y cercano: patrullaba la ciudad con sombrero de ala y chaleco antibalas, supervisando personalmente la vigilancia de las calles.

Una vida bajo amenaza

Manzo no ocultaba los riesgos que enfrentaba. En diversas entrevistas, declaró que estaba amenazado y temeroso por su vida, pero que debía mantener la valentía para cumplir con su responsabilidad. En una entrevista radial, afirmó:
“Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra. No podemos dar ni un paso atrás, está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestro Gobierno.”

Asimismo, manifestó su deseo de no convertirse en otro alcalde más en la larga lista de servidores públicos ejecutados en el país, mostrando su determinación a pesar del peligro constante:
“No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados que les han arrebatado la vida.”

El asesinato de Manzo evidencia la magnitud del riesgo que enfrentan los funcionarios públicos en zonas controladas por grupos criminales, donde la impunidad y la violencia se combinan para amenazar la vida de quienes intentan imponer el Estado de derecho.

Compromiso con la seguridad

Durante su gestión, Manzo buscó apoyo federal para enfrentar la presencia del crimen organizado en Michoacán. Solicitó protección y coordinación con autoridades nacionales para intentar reducir los índices de violencia en Uruapan, demostrando un compromiso activo con la seguridad ciudadana que trascendía la política tradicional.

Su enfoque directo y visible lo convirtió en un símbolo de lucha contra la delincuencia, aunque también aumentó su exposición al riesgo. La combinación de liderazgo proactivo y medidas preventivas reflejaba su convicción de que la seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos y que los servidores públicos deben enfrentar los desafíos con valentía.

Impacto en la comunidad y lecciones para Michoacán

El asesinato de Carlos Manzo genera un fuerte impacto social y político. La comunidad de Uruapan se enfrenta nuevamente a la amenaza del crimen organizado y a la vulnerabilidad de sus autoridades locales. Su muerte plantea preguntas sobre la efectividad de las medidas de protección para funcionarios que denuncian y combaten a grupos criminales.

Además, la situación resalta la necesidad de estrategias más integrales de seguridad y prevención del delito, así como la coordinación entre los tres niveles de gobierno para proteger la vida de servidores públicos y garantizar el Estado de derecho en territorios con alta violencia.

Un legado de valentía y compromiso

Carlos Manzo será recordado como un alcalde que no dudó en enfrentar riesgos personales para cumplir con su responsabilidad. Su estilo cercano a la población, su firme postura contra el crimen y su disposición a buscar apoyo federal reflejan un compromiso que trasciende la política local, inspirando reflexión sobre la protección de los líderes comunitarios en México.

El trágico suceso en Uruapan pone en evidencia la urgente necesidad de medidas más efectivas contra el crimen organizado, la seguridad de funcionarios y la protección de los ciudadanos, para que la violencia no siga dictando el rumbo de las comunidades en Michoacán y en todo el país.