La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, ha publicado su informe anual correspondiente a 2024, arrojando cifras alarmantes sobre la persistencia y gravedad de este flagelo en el país. Según el reporte, más de 13,000 personas resultaron afectadas por situaciones de violencia doméstica, y un dato aún más escalofriante revela que más de 2,000 de ellas denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Ante esta realidad, el sistema judicial ordenó cerca de 34,000 medidas preventivas.

Cifras que Duelen

El informe anual de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para el año 2024, dado a conocer este martes 20 de mayo de 2025, pinta un panorama sombrío sobre la violencia intrafamiliar en Argentina. Los datos oficiales, provenientes de la máxima instancia judicial del país, son un llamado de atención urgente sobre una problemática social que no cede.

Los números son contundentes y reflejan el sufrimiento de miles de personas:

• Más de 13,000 personas afectadas: Esta cifra engloba a víctimas directas de distintos tipos de violencia en el ámbito doméstico (física, psicológica, sexual, económica, simbólica).
• Más de 2,000 amenazas de muerte: Este dato es particularmente grave, ya que evidencia el nivel extremo de riesgo al que estuvieron expuestas miles de víctimas, mayoritariamente mujeres, niños, niñas y adolescentes.
• Cerca de 34,000 medidas preventivas ordenadas: El sistema judicial respondió con la emisión de un alto número de medidas de protección, como prohibiciones de acercamiento, exclusiones del hogar del agresor, botones antipánico, entre otras.

Estas cifras, si bien alarmantes, solo reflejan los casos que llegan a ser denunciados y registrados por la OVD, por lo que la dimensión real del problema podría ser aún mayor. La persistencia de estos niveles de violencia doméstica demuestra que sigue siendo un problema social profundamente arraigado y de carácter estructural.

La Respuesta Judicial y los Desafíos Pendientes

Las casi 34,000 medidas preventivas dictadas indican una activación del sistema de justicia ante las denuncias recibidas. Sin embargo, la pregunta fundamental que subyace es si estas medidas son suficientemente efectivas y si los recursos disponibles son adecuados para garantizar la protección real de las víctimas y prevenir femicidios, transfemicidios y agresiones graves. El elevado número de personas afectadas y, sobre todo, las miles de amenazas de muerte reportadas, sugieren que, a pesar de las intervenciones judiciales, el riesgo para muchas víctimas sigue siendo crítico.

“En 2024 hubo más de 13,000 personas afectadas; más de 2,000 dijeron haber recibido amenazas de muerte, y se ordenaron cerca de 34,000 medidas preventivas.” – Datos clave del Informe Anual de la OVD.

La erradicación de la violencia doméstica requiere un abordaje integral y multifactorial que trascienda la respuesta meramente punitiva. Si bien la justicia penal tiene un rol que cumplir, son esenciales también las políticas de prevención primaria (educación en igualdad, deconstrucción de estereotipos de género), la asistencia económica, habitacional y psicológica para las víctimas que les permita romper el ciclo de violencia, y programas de reeducación para los agresores.

La recopilación y difusión de datos estadísticos rigurosos, como los que provee la OVD, son fundamentales para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, la correcta asignación de recursos y el monitoreo constante de la efectividad de las estrategias implementadas. La transparencia en esta información es crucial para la rendición de cuentas y para impulsar una mejora continua en la respuesta estatal y social ante la violencia doméstica.

La sociedad en su conjunto tiene un papel que desempeñar en la condena de estas violencias y en la construcción de entornos más seguros e igualitarios para todos sus miembros.

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