La situación de seguridad y justicia en Veracruz se ha visto profundamente influenciada por los recientes comicios, con un panorama que revela la complejidad de los desafíos en la región, a pesar de un «blindaje» significativo.
La seguridad en Veracruz durante la jornada electoral del 1 de junio de 2025 fue un punto de preocupación constante, a pesar de las medidas preventivas implementadas. Previo a los comicios, el estado fue «blindado» con la presencia de 3,500 elementos de la Guardia Nacional y 300 agentes de la Fiscalía, una estrategia diseñada para contener la ola de violencia que caracterizó la campaña electoral. Sin embargo, a pesar de este despliegue significativo, la jornada electoral se vio marcada por una serie de incidentes violentos que evidenciaron la persistencia de la inseguridad.
Entre los hechos más destacados se encuentran los ataques armados contra Estela Sánchez, coordinadora de campaña de Movimiento Ciudadano en el puerto de Veracruz, y contra la casa de campaña de Carolina Galván, candidata a la alcaldía de Xico. También se reportó un ataque a balazos contra el domicilio de Guadalupe Groth, candidata del PT en Ixtaczoquitlán. Otros incidentes incluyen el robo de documentos a una presunta funcionaria electoral en Los Volcanes y el lamentable fallecimiento de una mujer de la tercera edad por un infarto en una casilla de Poza Rica. Estos hechos se suman al asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena en Texistepec, ocurrido el 11 de mayo de 2025. A nivel nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 23 denuncias sobre posibles delitos electorales durante la jornada.
Inseguridad estructural
La ineficacia de las medidas de seguridad, a pesar del despliegue de miles de agentes federales y las garantías de elecciones pacíficas por parte de la gobernadora Rocío Nahle, sugiere que la estrategia de seguridad fue insuficiente para contener la naturaleza generalizada de la violencia electoral. Esto apunta a un problema de inseguridad más profundo y estructural, más allá de incidentes aislados. La disparidad entre los esfuerzos de seguridad y la realidad de los eventos indica que la escala o la naturaleza de las amenazas en Veracruz podrían estar subestimadas, o que las fuerzas de seguridad enfrentan desafíos significativos para controlar la situación. Esto implica que la violencia no se disuade fácilmente solo con la presencia visible, lo que podría indicar la existencia de perpetradores altamente organizados o una cultura de intimidación política profundamente arraigada.
La combinación de evaluaciones de alto riesgo preexistentes para 58 municipios, el asesinato de una candidata, y múltiples ataques en el día de la elección, crea un ambiente donde la confianza de los ciudadanos en la seguridad y la imparcialidad del proceso electoral podría verse gravemente afectada. Esta erosión de la confianza podría tener implicaciones a largo plazo para la participación electoral, el compromiso político y la salud general de la democracia en el estado.
La situación en Veracruz resalta la necesidad de un análisis más profundo de las causas de la violencia política y la implementación de estrategias de seguridad que no solo se enfoquen en la presencia de fuerzas del orden, sino también en la inteligencia, la prevención y la desarticulación de las redes criminales que buscan influir en los procesos democráticos. La transparencia en la investigación de estos delitos y la rendición de cuentas serán fundamentales para restaurar la confianza ciudadana.
«La seguridad en las elecciones es un pilar de la democracia; su vulneración es un ataque a la voluntad popular.»


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