Reforma electoral es el concepto que vuelve al centro del debate político en México. Mientras millones de ciudadanos enfrentan presiones económicas cotidianas, el costo de organizar elecciones y sostener al aparato político-electoral sigue creciendo año con año, abriendo la puerta a una discusión que promete ser intensa en el próximo periodo legislativo.
De acuerdo con cifras oficiales, tan solo en 2026 el financiamiento público en materia político-electoral superará los 25 mil 585 millones de pesos. Esta cifra incluye recursos para el Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin considerar los gastos adicionales que realizan las entidades federativas.
¿Por qué vuelve la reforma electoral al debate?
El Poder Ejecutivo ha anticipado que presentará una iniciativa de reforma electoral cuyo eje central será “adelgazar” el Congreso y reducir el gasto público destinado a elecciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el tamaño actual del Poder Legislativo y el esquema de financiamiento a partidos políticos ya no responden a las condiciones económicas ni a las demandas sociales del país.
En este contexto, el presupuesto del INE para 2026 asciende a 14 mil 99 millones de pesos. De ese total, 12 mil 325 millones corresponden al presupuesto base, destinado principalmente a cubrir la nómina del organismo, mientras que mil 754 millones se asignan a proyectos específicos.
El peso del financiamiento electoral en números
Además del INE, el financiamiento público a los partidos políticos alcanzará 7 mil 737 millones de pesos en 2026. Esta cifra crece de forma constante porque su cálculo está establecido en la Constitución y depende directamente del tamaño del padrón electoral.
A esto se suman cerca de 3 mil 749 millones de pesos destinados al TEPJF, encargado de resolver controversias y garantizar la legalidad de los procesos electorales. El panorama se amplía aún más cuando se consideran los recursos asignados a los 32 organismos públicos locales electorales, los partidos políticos estatales y los tribunales electorales locales, cuyos presupuestos dependen de cada Congreso estatal.
Reforma electoral y el crecimiento de las nóminas
Durante una audiencia pública de la comisión presidencial para la reforma electoral, la ex secretaria ejecutiva del INE, Claudia Suárez, advirtió que en los últimos 35 años los órganos electorales han registrado un crecimiento sostenido en sus nóminas, sin una planeación adecuada ni armonización entre niveles federal y local.
Según sus estimaciones, entre el 63 y el 69 % de los recursos disponibles se destinan al pago de personal, lo que reduce el margen para otras tareas sustantivas del sistema democrático. Este dato ha sido utilizado por los impulsores de la reforma para justificar la necesidad de un rediseño institucional.
Riesgos, advertencias y posiciones encontradas
Los consejeros del INE han advertido que los recortes presupuestales constantes ponen en riesgo la democracia. Tras un ajuste de mil millones de pesos respecto a su solicitud original, señalaron que operar con menos recursos puede afectar la calidad y certeza de los procesos electorales.
En contraste, quienes promueven la reforma electoral sostienen que existen gastos duplicados, estructuras sobredimensionadas y áreas donde es posible ahorrar sin comprometer la integridad de las elecciones.
Este choque de visiones anticipa un debate intenso en el Congreso, donde no solo se discutirán números, sino el modelo mismo de democracia que el país desea mantener.
Antecedentes recientes y lo que viene
México ya vivió una reforma electoral durante el sexenio pasado. El llamado “plan B”, aprobado en febrero de 2023, fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar inconstitucionales varios de sus cambios.
La reforma más reciente data de 2024, cuando se ajustaron reglas sobre reelección, financiamiento, partidos políticos y candidaturas independientes. Ahora, la nueva iniciativa sería enviada al Congreso al inicio del periodo ordinario de sesiones de febrero de 2026.
Entre los puntos clave se perfila la reducción del número de diputados y senadores, así como una disminución general del financiamiento público a partidos políticos y del gasto asociado a los procesos electorales.
La reforma electoral vuelve así a colocarse como uno de los temas más sensibles del debate nacional. Entre la exigencia de austeridad y la defensa de la democracia, el país se encamina a una discusión que definirá no solo cuánto cuesta votar, sino cómo se organiza el poder político en los próximos años.
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