La primera elección judicial en la historia de México ha culminado con la conformación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial integrado por perfiles cercanos a la 4T, generando un intenso debate sobre la independencia del Poder Judicial y la legitimidad de un proceso con baja participación ciudadana.
México celebró el pasado 1 de junio de 2025 unas elecciones judiciales sin precedentes en su historia, donde la ciudadanía votó para elegir a 2,681 impartidores de justicia a nivel federal y estatal. Este proceso, que buscaba renovar el rostro del Poder Judicial para la próxima década, ha arrojado resultados que, si bien son legalmente válidos, han encendido un debate sobre su legitimidad y sus implicaciones para la separación de poderes en el país.
Hugo Aguilar Ortiz ha emergido como el candidato con mayor apoyo, perfilándose para ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, la atención se ha centrado también en la conformación de un nuevo órgano: el Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal, encargado de supervisar y sancionar la conducta de jueces y magistrados, ha sido integrado por perfiles descritos por diversos analistas como «cercanos a la 4T» o «impulsados por la 4T».
Los consejeros Celia Maya, quien se perfila para presidir el Tribunal, Verónica de Gyvés, Bernardo Bátiz, Indira García y Rufino León, obtuvieron el mayor número de votos y son señalados por tener «vínculos directos con el oficialismo». Esta situación ha llevado a voces críticas, como Juan Ortiz en su columna para Ovaciones y Héctor Aguilar Camín en Milenio Diario, a expresar serias preocupaciones. Sugieren que el nuevo Tribunal podría funcionar más como una «inquisición que un árbitro imparcial» y lo consideran una pieza más importante que la SCJN en el contexto de una posible «germinación dictatorial», dada su amplia facultad para «destruir y promover carreras» judiciales.
Concentración de Poder y Riesgo para la Independencia Judicial
La independencia del Poder Judicial es un pilar esencial de cualquier democracia, garantizando que las decisiones judiciales se tomen sin presiones externas. La elección de individuos con vínculos directos al oficialismo para un órgano con tales poderes disciplinarios genera una preocupación legítima sobre la posibilidad de que este Tribunal sea utilizado para alinear las decisiones judiciales con la agenda política del gobierno en turno, en lugar de asegurar la imparcialidad y la aplicación estricta de la ley. Esto podría llevar a que los jueces tomen decisiones basadas en consideraciones políticas más que jurídicas.
Esta situación implica un riesgo significativo para la independencia del Poder Judicial en México, lo que podría socavar la confianza pública en el sistema de justicia y en el Estado de Derecho. Si los jueces perciben que su estabilidad laboral y su avance profesional dependen de su adhesión a una línea política, la objetividad y la imparcialidad de sus fallos se verán comprometidas. A largo plazo, esto podría afectar la seguridad jurídica en el país, desincentivar la inversión y generar un clima de incertidumbre sobre la equidad en la aplicación de la ley.
Baja Legitimidad por Escasa Participación
Otro aspecto que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad de este proceso es la participación ciudadana. La elección judicial registró una abstención masiva de más de 87 millones de personas, con una participación de apenas el 13%, y un alto porcentaje de votos nulos o blancos. En cualquier sistema democrático, la legitimidad de los funcionarios electos se deriva en gran medida del nivel de participación ciudadana. Una baja participación puede indicar desinterés, desconfianza en el proceso o en los candidatos, o una percepción de que los resultados ya están predeterminados.
La escasa afluencia a las urnas para una elección tan trascendental sugiere que la ciudadanía, en su mayoría, no se sintió convocada o no percibió la relevancia del proceso. Esto podría deberse a una campaña de difusión insuficiente, la complejidad de los perfiles a elegir, o una desilusión generalizada con el sistema político. La baja participación cuestiona la legitimidad popular de los jueces y ministros electos, incluyendo al futuro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar , y a los miembros del Tribunal de Disciplina. Aunque legalmente electos, la falta de un respaldo ciudadano amplio podría hacerlos más vulnerables a críticas sobre su representatividad y su independencia. Esto podría alimentar la narrativa de que la reforma busca más un control político que una verdadera transformación democrática del Poder Judicial, exacerbando la polarización y la desconfianza en las instituciones.
«La independencia judicial es el cimiento de la democracia; su preservación es crucial para la confianza ciudadana.»
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