La vigilancia y sanción de jueces y magistrados quedará en manos de perfiles afines a la 4T, generando debate sobre la autonomía judicial.
La vigilancia y sanción de los nuevos ministros de la Corte, magistrados y jueces en México recaerá en perfiles impulsados por la Cuarta Transformación, lo que ha generado un debate sobre la independencia del Poder Judicial.
El Poder Judicial de la Federación en México se encuentra en un punto de inflexión con la conformación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), un órgano que tendrá a su cargo la vigilancia y sanción de ministros, magistrados y jueces. La composición de este tribunal ha generado un considerable debate, ya que estará integrado por individuos con perfiles cercanos a la Cuarta Transformación (4T), excluyendo a jueces federales de carrera.
Con el 94.2% de los actos computados, los cinco candidatos proyectados para integrar el TDJ son funcionarios con claras afinidades al partido oficial. Entre ellos se encuentran Celia Maya García, Verónica de Gyvés Pérez, Bernardo Bátiz, Indira García Pérez y Rufino León Tovar. Celia Maya García, quien acumuló 5,034,270 votos, se perfila para presidir el TDJ durante sus primeros dos años. Su trayectoria incluye candidaturas por el PRD y Morena, y fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte.
Preocupaciones sobre la Independencia Judicial
La designación de perfiles con vínculos políticos para un órgano tan crucial ha suscitado serias preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial. Diversas opiniones y análisis, como el de Solange Márquez en El Universal, señalan que el nuevo TDJ «nace bajo la sombra de la cercanía política y la cooptación», lo que podría marcar un «punto de no retorno en la captura de la justicia por el poder político».
Francisco Garfias, en su columna «Arsenal» de Excélsior, ha cuestionado la capacidad de los jueces para fallar a favor de los ciudadanos en disputas contra el gobierno, dado que el partido oficial ahora controlaría la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica en el país.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha emitido el Acuerdo General 5/2025, relacionado con una medida de auxilio temporal para Centros de Justicia Penal Federal en Veracruz y Chiapas. Sin embargo, la atención principal se centra en cómo la vigilancia y las sanciones a los jueces por parte de los perfiles de la 4T se enmarcarán en la «transformación» del Poder Judicial.
: «La vigilancia y sanciones [a] los nuevos Ministros de la Corte, magistrados y jueces quedará en manos de los perfiles impulsados por la 4T.»
La designación de perfiles con claros vínculos políticos para un órgano encargado de la disciplina judicial, sumado al control percibido de otros poderes judiciales, sugiere una concentración de poder sin precedentes. Esto podría erosionar la confianza pública en la imparcialidad del sistema de justicia y, a su vez, desalentar inversiones, ya que la certidumbre jurídica es un pilar fundamental para el clima de negocios.
Esta reconfiguración del Poder Judicial es un desarrollo político crítico que podría alterar fundamentalmente el equilibrio de poderes en México. Si el órgano disciplinario está compuesto por afines al partido en el poder, surge la preocupación de que las decisiones judiciales puedan ser influenciadas políticamente, comprometiendo el estado de derecho. Esto no solo afecta la percepción de justicia para los ciudadanos, sino que también tiene implicaciones directas para la inversión extranjera y el desarrollo económico, ya que la independencia judicial es un pilar de la seguridad jurídica para las empresas. Se abre un período de incertidumbre sobre la autonomía de las decisiones judiciales en el país.
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