El gobierno de Tijuana presenta una doble cara. Por un lado, la administración municipal promueve activamente programas de mejoramiento urbano como «Tijuana: Ciudad Limpia» y anuncia millonarias inversiones en obra pública. Por otro, la ciudad se ahoga en una crisis de violencia que las propias autoridades empresariales admiten que ha rebasado la capacidad de la policía local, generando un profundo cuestionamiento sobre las prioridades políticas.
TIJUANA, B.C.- En los comunicados oficiales y eventos públicos del XXV Ayuntamiento de Tijuana, la narrativa es de orden y progreso. El programa estrella, «Tijuana: Ciudad Limpia», se promueve con jornadas de limpieza en puntos clave como la Zona Centro, buscando mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los ciudadanos. A esto se suma el anuncio de una inversión proyectada de 1,654 millones de pesos en obra pública, una cifra significativa destinada a rehabilitar vialidades y mejorar la infraestructura.
Desde una perspectiva de gestión municipal, estas son acciones loables y necesarias. Sin embargo, para muchos tijuanenses, esta agenda de embellecimiento y construcción contrasta dolorosamente con la cruda realidad que viven a diario: una crisis de seguridad que no da tregua y que convierte a la ciudad en una de las más violentas del país.
La Realidad Ineludible: Una Violencia Desbordada
Mientras se barren las calles del centro, la sangre corre en las colonias. Como se ha documentado, las últimas 48 horas han sido un baño de sangre, con asesinatos en espacios públicos como taquerías, ataques armados frente a escuelas y un goteo incesante de homicidios que las autoridades parecen incapaces de detener.
Esta percepción no es solo ciudadana. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), una de las voces más influyentes de la región, ha sido tajante al afirmar que la Policía Municipal no tiene las capacidades para combatir al crimen organizado. Esta declaración es un voto de no confianza en la estrategia de seguridad local y un reconocimiento de que el problema ha superado la esfera municipal.
El Debate Político: ¿Prioridades Equivocadas?
Este divorcio entre la agenda política oficial y la principal angustia ciudadana genera un debate de fondo sobre las prioridades del gobierno. ¿De qué sirve una ciudad más limpia si no es una ciudad segura? ¿Son las inversiones en obra pública la respuesta adecuada a una crisis existencial de violencia?
La situación ha escalado al ámbito legislativo, donde se discuten medidas que reflejan la desesperación del momento. Una de las propuestas más polémicas es la de permitir que los agentes de policía porten sus armas de cargo fuera de su horario laboral. Esta iniciativa, que busca proteger a los oficiales de los ataques constantes del crimen organizado, es un síntoma de un estado de guerra no declarado y de la vulnerabilidad de las propias fuerzas del orden.
«Reconocemos el esfuerzo en servicios públicos, pero la prioridad número uno, la que nos quita el sueño a todos, es la seguridad. Necesitamos ver un enfoque político y presupuestal que refleje esa urgencia. De lo contrario, estamos arreglando la fachada de una casa que se está incendiando por dentro», expresó un analista y líder de opinión local.
A nivel estatal, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la primera mujer en ocupar el cargo, enfrenta el monumental reto de coordinar una estrategia que dé resultados. Recientes cambios en su gabinete, como el nombramiento de una nueva Secretaria de Agricultura, muestran un gobierno en movimiento, pero la pregunta es si esos movimientos se traducirán en una mejora tangible en la seguridad de los bajacalifornianos.
Para los ciudadanos de Tijuana, la política se mide en resultados. Y mientras los comunicados hablen de calles limpias y los titulares de noticias hablen de cuerpos encontrados, la desconexión entre el gobierno y la gente seguirá creciendo.
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