La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado, asegurando que el texto final aclara cómo aplicará la retroactividad en los casos judiciales en curso.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la reforma fue elaborada conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“En el transitorio queda redactado lo que es la jurisprudencia de la Corte y se establece en qué casos se aplica la reforma y en cuáles la ley anterior”, afirmó la mandataria.
El debate legislativo duró casi 13 horas antes de aprobar los cambios en San Lázaro. Ahora, el proyecto fue turnado al Senado, donde se analizarán las reservas pendientes, incluyendo el tema de la retroactividad.
Cambios en la Ley de Amparo
Entre las modificaciones más relevantes, la iniciativa plantea modernizar los procesos judiciales, reducir tiempos y establecer criterios más claros sobre la suspensión de actos de autoridad.
En primer lugar, los juicios de amparo podrán realizarse totalmente en línea, con expedientes electrónicos válidos ante los tribunales, igual que los físicos.
Además, los jueces deberán dictar sentencia en un plazo máximo de 90 días naturales después de la audiencia constitucional, con el objetivo de agilizar la justicia.
Otro de los ajustes busca frenar los abusos procesales: los tribunales podrán desechar recusaciones que solo busquen dilatar los procedimientos.
En cuanto al interés legítimo, se precisa que la lesión jurídica puede ser individual o colectiva, y se elimina la obligación de que sea “actual” o “directa”.
Respecto a las medidas cautelares, se establecen nuevos criterios: los jueces deberán acreditar el interés suspensional, la apariencia del buen derecho y ponderar el interés social antes de otorgarlas.
Cambios en materia fiscal y administrativa
El Código Fiscal de la Federación también fue modificado: se agregan nuevos supuestos de improcedencia para el recurso de revocación cuando existan créditos fiscales firmes o solicitudes de prescripción sobre esos créditos.
Asimismo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ajusta a estos criterios, excluyendo de su competencia las resoluciones que ya fueron resueltas de forma definitiva, para evitar juicios duplicados.
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