Durante la mañanera del martes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un duro cuestionamiento al gobierno de Estados Unidos: “¿Cómo explican entonces que no negocian con terroristas?”
El señalamiento surge ante la posibilidad de que Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, llegue a un acuerdo con la justicia estadounidense para proporcionar información a cambio de beneficios. Este planteamiento contradice la designación que la administración de Donald Trump otorgó a los cárteles como “organizaciones terroristas internacionales”.
El caso Zambada y la sustracción irregular
A más de un año de la sustracción irregular de Zambada, ocurrida a finales de julio de 2024, el gobierno mexicano sigue insistiendo a Washington sobre los detalles de cómo el capo llegó bajo custodia estadounidense.
Sheinbaum señaló que cualquier información que Estados Unidos posea debe venir acompañada de pruebas verificables, de manera que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda investigar a miembros del cártel y solicitar órdenes de aprehensión en México.
Colaboración con pruebas, no beneficios
La mandataria recordó casos anteriores, como el del general Salvador Cienfuegos, donde la colaboración con Estados Unidos careció de pruebas sólidas, generando desconfianza en las acciones bilaterales.
“Siempre que haya pruebas vamos a colaborar, siempre, pero debe haber pruebas… colaboración, coordinación y siempre de manera transparente”, enfatizó Sheinbaum.
Esta postura subraya la necesidad de que cualquier negociación con miembros de la delincuencia organizada se base en transparencia y evidencia concreta, evitando que se generen beneficios unilaterales que no favorezcan a México.
Implicaciones para la política exterior y seguridad
El cuestionamiento de Sheinbaum refleja tensiones en la relación bilateral México-Estados Unidos en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Además, pone de relieve la necesidad de que la política exterior mexicana defienda la autodeterminación y la soberanía, exigiendo claridad sobre cualquier acuerdo con miembros de cárteles.
Expertos en seguridad consideran que este tipo de declaraciones pueden fortalecer la postura de México frente a EU y exigir que los procesos judiciales internacionales respeten los principios de cooperación, legalidad y transparencia.
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