En un momento clave para el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un nuevo cuestionamiento: el presupuesto 2026, aprobado por los ministros salientes, contempla incrementos salariales y prestaciones que, según la ministra Lenia Batres Guadarrama, exceden el tope constitucional.
La sesión privada del pleno, encabezada por la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, aprobó un anteproyecto que eleva el presupuesto en un 12.7% respecto a 2025. Esto equivale a 5 mil 869 millones 743 mil 404 pesos, con un incremento real del 8.1%, superando la inflación del 5% reportada por Hacienda.
Privilegios que generan polémica
Batres detalló que, entre los beneficios que buscan conservarse, está una tarjeta mensual de 65 mil pesos para ayuda de alimentos, además de salarios superiores a los del presidente de la República, algo que el artículo 127 constitucional prohíbe.
La ministra advirtió que este paquete de beneficios no solo impacta a los actuales ministros, sino que pretende heredarse a sus sucesores y a altos funcionarios de la Corte.
“Esperamos que el nuevo Poder Judicial asuma una política de austeridad y suprima estos incrementos injustificados que ni siquiera aplicará la Corte actual”, publicó en redes.
El relevo en la SCJN
El próximo 1° de septiembre, los nuevos ministros, encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, tomarán posesión. Han adelantado su compromiso de mantener la austeridad y apegarse a la ley en materia salarial. Este relevo llega en un momento en que el Poder Judicial está bajo la lupa pública por sus gastos y beneficios internos.
Aumento por encima de la inflación
Para Batres, el hecho de que el aumento rebase la inflación refleja una falta de coherencia con la situación económica nacional. Recordó que la austeridad no es solo un principio legal, sino un mensaje político que la SCJN debería enviar a la ciudadanía.
“También voté en contra de asignar remuneraciones superiores a las del presidente, como aún se conservan en la SCJN para beneficio de sus altos funcionarios”, subrayó.
El choque de visiones en la Corte
Mientras los ministros salientes defienden que el incremento es necesario para garantizar la operación del máximo tribunal, el ala que promueve la austeridad considera que estos privilegios alejan al Poder Judicial de la realidad económica del país.
Este choque refleja una tensión que podría marcar la gestión de los nuevos integrantes de la SCJN, quienes deberán decidir si mantienen el esquema aprobado o impulsan una reducción.
Un tema que seguirá en el debate público
La aprobación del presupuesto y las críticas de Batres podrían abrir un debate legislativo cuando el documento llegue al Congreso. Allí, las comisiones deberán analizar si el incremento se justifica y si se ajusta a las disposiciones legales sobre topes salariales.
En un país donde el discurso de austeridad ha sido bandera política, la discusión sobre los privilegios en la SCJN seguramente ocupará titulares y provocará reacciones encontradas.
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