La reforma judicial impulsada por el expresidente López Obrador y aprobada por el Congreso está demostrando ser un desastre jurídico y operativo. A solo dos meses de su aprobación, enfrenta más de 300 suspensiones judiciales y un caos administrativo que pone en riesgo la jornada electoral de 2025.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ya habría solicitado una prórroga de al menos 90 días para llevar a cabo las elecciones judiciales, argumentando que la reforma es impracticable en sus propios términos. Pero, ¿cómo llegamos a este punto?
¿Qué falló en la reforma judicial?
Los problemas comienzan con su diseño. Según expertos, la reforma está plagada de vicios de forma y fondo que afectan tanto la independencia judicial como la operatividad del sistema electoral.
Destituciones masivas: La reforma ordena la remoción de la mitad de los jueces federales en 2025 y el resto en 2027, violando el principio de inamovilidad judicial.
Selección de candidatos: El proceso para nombrar nuevos jueces es confuso y arbitrario, exigiendo requisitos absurdos como un ensayo de tres cuartillas y cinco cartas de recomendación.
Estas inconsistencias han generado un alud de impugnaciones legales, incluyendo amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
El INE y las elecciones judiciales: un desafío imposible
La situación se complica aún más para el INE, encargado de organizar las elecciones judiciales. La falta de claridad en la reforma deja a las entidades federativas con apenas dos meses para realizar cambios en sus constituciones locales y definir los cargos a elegir en 2025 y 2027.
El plazo constitucional para la jornada electoral, fijado para el 1 de junio de 2025, es incompatible con las tareas operativas que requiere la implementación de la reforma. Según analistas, el INE estaría pidiendo una prórroga de 90 días, lo que evidencia problemas estructurales profundos.
Las consecuencias sociales y políticas
El caos generado por la reforma no solo afecta al Poder Judicial, sino que tiene repercusiones sociales y políticas:
Desconfianza institucional: La improvisación refuerza la percepción de que las instituciones están debilitadas y politizadas.
Impacto en derechos fundamentales: Las destituciones y el proceso de selección de jueces ponen en riesgo la imparcialidad de los tribunales.
Inestabilidad política: La prórroga de las elecciones judiciales podría abrir la puerta a una nueva reforma constitucional, generando más incertidumbre.
¿Qué sigue?
En los próximos días, es probable que el Congreso discuta una nueva reforma para aplazar las elecciones judiciales. Sin embargo, los expertos coinciden en que el verdadero problema no es el calendario, sino la falta de planeación y viabilidad de la reforma original.
Culpar al Poder Judicial por las suspensiones sería ignorar que este desastre es resultado directo de la improvisación legislativa. La sociedad mexicana paga hoy el precio de una reforma mal diseñada, que compromete no solo la justicia, sino también la estabilidad democrática del país.
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