La certeza jurídica: pilar fundamental para el desarrollo económico
En cualquier economía moderna, la certeza jurídica es un principio esencial. Sin ella, la inversión se detiene, el emprendimiento se debilita y la innovación pierde impulso. En México, la reforma judicial que propone la elección popular de jueces y magistrados ha encendido las alarmas. Si bien se argumenta que esta medida busca “democratizar la justicia”, el riesgo de politización podría tener consecuencias devastadoras para el Estado de derecho y la estabilidad económica.
¿Cómo funciona el nombramiento de jueces en México?
Históricamente, el sistema judicial mexicano ha funcionado con un esquema de selección basado en mérito, experiencia y trayectoria. Sin embargo, la propuesta de elección popular introduce un factor político peligroso:
- Los jueces dependerían de estrategias de campaña, financiamiento electoral y apoyos políticos.
- Sus decisiones podrían verse influenciadas por la búsqueda de reelección y por intereses coyunturales.
- Se perdería la imparcialidad en la aplicación de la ley, comprometiendo la seguridad jurídica.
El riesgo más evidente es que la justicia deje de responder a la Constitución y, en su lugar, sirva a intereses políticos o económicos de corto plazo.
El impacto en la inversión y la estabilidad económica
Uno de los mayores atractivos para la inversión es la previsibilidad de las leyes y la seguridad jurídica. Si los jueces son elegidos por voto popular, México podría convertirse en un país con un riesgo legal elevado, afectando:
- El cumplimiento de contratos y la inversión extranjera.
- El acceso a financiamiento y la estabilidad del sector empresarial.
- La competitividad del país en el escenario global.
Cuando los inversores perciben un sistema judicial politizado, optan por trasladar su capital a mercados más estables.
¿Democracia o politización del Poder Judicial?
Quienes defienden la reforma argumentan que la elección popular de jueces brindará mayor legitimidad y reducirá la corrupción. Sin embargo, la experiencia en otros países demuestra lo contrario.
- En Estados Unidos, donde algunos jueces son elegidos por voto popular, se han documentado casos de influencia política y financiamiento externo en campañas judiciales.
- Modelos judiciales exitosos como los de Canadá, Alemania o el Reino Unido mantienen criterios meritocráticos y estrictos mecanismos de supervisión.
En lugar de replicar modelos fallidos, México debería enfocar sus esfuerzos en fortalecer la transparencia y rendición de cuentas del sistema actual.
Impacto en la equidad de género y participación de mujeres en la justicia
Un aspecto poco discutido de la reforma es cómo afectará la participación de mujeres en la judicatura. Actualmente, las barreras estructurales dificultan el acceso de mujeres a posiciones clave dentro del sistema judicial.
Transformar el proceso de selección en una competencia electoral, donde el financiamiento y la visibilidad pública sean determinantes, podría:
- Reducir la presencia femenina en la judicatura.
- Limitar la diversidad de perspectivas en la interpretación de la ley.
- Comprometer el acceso de las mujeres a la justicia y sus derechos.
La equidad en el sistema judicial no debe depender de la popularidad política, sino de la capacidad y experiencia de quienes imparten justicia.
Tribunal de Disciplina Judicial: ¿Un riesgo de control político?
Otro punto crítico de la reforma es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar y sancionar a los jueces. Aunque la supervisión es fundamental, la falta de independencia en este órgano podría convertirlo en una herramienta de persecución política.
Si el tribunal carece de reglas claras y autonomía, el Poder Judicial podría quedar sujeto a:
- Represalias contra jueces que fallen en contra de intereses políticos.
- Manipulación de procesos legales para favorecer a ciertos sectores.
- Presión externa para dictar sentencias alineadas con la agenda del Gobierno.
Este tipo de captura institucional amenaza el equilibrio de poderes y convierte a la justicia en un instrumento del poder político.
¿Es posible reformar sin comprometer la certeza jurídica?
Si el verdadero objetivo es fortalecer la independencia judicial y mejorar la transparencia, existen alternativas más efectivas:
- Establecer procesos de selección rigurosos supervisados por órganos independientes.
- Fortalecer mecanismos de rendición de cuentas sin politizar la justicia.
- Implementar reformas que premien la experiencia, ética y trayectoria judicial.
En lugar de elegir jueces por popularidad política, México debería garantizar que los jueces sean evaluados por su capacidad y profesionalismo.
Un retroceso que México no puede permitirse
La reforma judicial plantea un riesgo sin precedentes para la certeza jurídica, la estabilidad económica y la independencia judicial en México.
Si queremos un país con inversión, emprendimiento y desarrollo sostenible, es fundamental preservar la imparcialidad del Poder Judicial. Sin un sistema de justicia confiable, México no podrá competir a nivel global ni garantizar los derechos de sus ciudadanos.Esta no es solo una reforma judicial. Es un punto de quiebre para la democracia y el futuro económico del país.
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