La reciente elección popular de miembros del poder judicial en México, celebrada el 1 de junio, ha polarizado el panorama político nacional, generando un intenso debate sobre la dirección de las instituciones del país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido enérgicamente este proceso, calificándolo de «éxito total» a pesar de la participación del 13%. Para el gobierno, esta reforma es una respuesta directa a una «demanda popular» para erradicar la «corrupción, nepotismo y defensa de privilegios» que, según sus afirmaciones, caracterizaban al sistema judicial anterior. Se han citado casos como «70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada» como evidencia de las deficiencias del sistema previo. El objetivo, según la administración, es lograr una justicia «más expedita» y accesible para todos.
Esta narrativa oficial se alinea con una visión de empoderamiento ciudadano y combate a élites, buscando legitimar la reforma a través del voto directo. El proceso de selección de candidatos incluyó una «insaculación» pública por parte del Senado, seguida de una campaña y la elección popular, lo que el gobierno presenta como un ejercicio de transparencia y participación.
Sin embargo, la oposición política ha reaccionado con vehemencia. Partidos como Acción Nacional (PAN) y el PRI han calificado la elección de «farsa», «proceso simulado» e «imposición». Sus críticas se centran en la preocupación de que esta reforma socave la independencia judicial, argumentando que el voto popular podría someter a los jueces a intereses políticos o incluso a la infiltración del crimen organizado. Esta es una batalla fundamental sobre el equilibrio de poderes y la autonomía institucional.
Expertos y organizaciones internacionales también han manifestado serias advertencias. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) ha señalado que la independencia judicial está «bajo ataque» en América Latina, identificando a México como un «foco rojo». La DPLF destaca dos señales de alerta temprana: cuando los políticos atacan a las instituciones de justicia para justificar sus propias soluciones, y cuando el gobierno desobedece sentencias judiciales. Ambas situaciones, según la organización, se han observado en México. Estas advertencias sugieren que la reforma, aunque presentada como una solución a la corrupción, podría estar comprometiendo un principio fundamental del estado de derecho.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) informó haber recibido 23 denuncias sobre posibles delitos electorales durante la jornada, sumadas a 968 llamadas ciudadanas relacionadas con el proceso. Aunque la FGR está investigando estas quejas, su existencia añade una capa de cuestionamiento sobre la limpieza del proceso electoral.
La renovación del poder judicial es un proceso escalonado, con la elección actual marcando la primera fase. La mitad restante de los jueces será reemplazada en 2027. Esto significa que el impacto total de esta reforma se desplegará a lo largo de varios años, y la tensión entre la visión gubernamental de una justicia popular y las preocupaciones sobre su autonomía continuará siendo un tema central en la política mexicana. La forma en que el nuevo poder judicial demuestre su imparcialidad y eficacia será crucial para determinar la percepción de su legitimidad a largo plazo.
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