Uno de los reclamos más constantes en cualquier sociedad es el acceso a la justicia. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como: “la justicia no existe”, “es solo para los que tienen dinero”, o “quien tiene poder, gana los juicios”?
El escepticismo sobre el sistema judicial mexicano no es infundado. Durante décadas, se ha señalado que el acceso a la justicia está condicionado por intereses políticos, corrupción o la falta de recursos de los ciudadanos. En este contexto, la reciente reforma constitucional al Poder Judicial pretende acercar la justicia a la sociedad, permitiendo que los ciudadanos elijan a sus jueces y magistrados.
Esta medida es inédita en México y ha generado un intenso debate. Mientras algunos sectores ven en ella una oportunidad para democratizar la justicia, otros advierten sobre el riesgo de politizar los tribunales y debilitar su independencia.
Pero, más allá de las opiniones encontradas, una cosa es cierta: el control ciudadano de la justicia es una idea revolucionaria que transformará la relación entre la sociedad y el Poder Judicial.
El reto de informar a la ciudadanía sobre el nuevo modelo judicial
Para que la reforma judicial cumpla su promesa de acercar la justicia al pueblo, es fundamental que los ciudadanos comprendan su alcance.
¿Sabemos realmente qué hace un juez de distrito? ¿Cómo funcionan los tribunales colegiados? ¿Qué papel juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la vida cotidiana de los mexicanos?
El desconocimiento sobre el sistema judicial ha sido una de las razones por las cuales el acceso a la justicia ha estado históricamente limitado. Un pueblo que no conoce sus derechos difícilmente puede exigir su cumplimiento.
Por ello, un desafío clave de la reforma es garantizar que la ciudadanía tenga información suficiente sobre las funciones, atribuciones y responsabilidades de los jueces que serán electos por voto popular. Sin este conocimiento, la elección de jueces podría convertirse en un proceso basado en popularidad en lugar de méritos.
Una cultura de la legalidad basada en ética, transparencia y derechos humanos
El Estado de derecho no solo depende de las leyes escritas en papel, sino de la capacidad de la sociedad para respetarlas y hacerlas valer.
Un sistema de justicia efectivo necesita jueces y magistrados independientes, que no respondan a intereses políticos ni económicos, sino exclusivamente a la ley y a la justicia social.
La justicia debe considerar la diversidad cultural y social de México. No es lo mismo impartir justicia en una comunidad indígena de Chiapas que en una gran urbe como la Ciudad de México. El nuevo modelo judicial debe garantizar que el acceso a la justicia sea igual en todo el país, sin importar el contexto social o económico.
Además, es urgente agilizar los procesos judiciales. Actualmente, miles de ciudadanos ven cómo sus casos se prolongan durante años, generando frustración y desconfianza en el sistema. Un juicio tardío no es justicia, es impunidad disfrazada.
Acceso a la justicia: una tarea pendiente en México
Uno de los principales problemas en México es que la justicia no está al alcance de todos. Grupos vulnerables como mujeres víctimas de violencia, comunidades indígenas, personas con discapacidad y ciudadanos de escasos recursos enfrentan mayores dificultades para hacer valer sus derechos.
Para que la reforma tenga un impacto positivo, es necesario que el nuevo sistema garantice el acceso total a los procesos judiciales para todos los sectores de la población.
Si esta reforma no logra construir un modelo inclusivo y accesible, corremos el riesgo de que la justicia siga siendo un privilegio en lugar de un derecho universal.
¿Democracia participativa o riesgos de populismo judicial?
Permitir que la ciudadanía elija a sus jueces y magistrados representa un cambio radical en la democracia mexicana. Sin embargo, también conlleva riesgos.
¿Se elegirán jueces por su capacidad jurídica o por su carisma y popularidad?
¿Cómo evitar que intereses políticos influyan en la elección de jueces?
¿Qué mecanismos garantizarán que los jueces sean evaluados por su desempeño y no por ideologías partidistas?
Si bien la intención de la reforma es generar mayor transparencia y participación ciudadana, se necesita un sistema de evaluación y rendición de cuentas que evite que el sistema de justicia se convierta en un campo de batalla político.
La independencia judicial es fundamental para una justicia imparcial y equitativa. Si el proceso de elección se contamina con intereses políticos, corremos el riesgo de que las decisiones judiciales responda más a presiones electorales que a la aplicación estricta de la ley.
Justicia ciudadana, pero con responsabilidad
La reforma al Poder Judicial es un experimento inédito en México. Si se implementa correctamente, podría abrir la puerta a un sistema de justicia más transparente, accesible y cercano a la ciudadanía.
Sin embargo, su éxito dependerá de la educación cívica de la población, la ética de los jueces y la existencia de mecanismos de control que garanticen la independencia judicial.
La justicia no debe ser un privilegio de unos cuantos ni un botín político. Es un derecho de todos los ciudadanos, y es responsabilidad de la sociedad exigir que se garantice con imparcialidad, equidad y eficiencia.
El reto es enorme, pero la oportunidad de transformar el sistema judicial en favor de la gente está sobre la mesa.
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