Prisión preventiva por omisión fiscal: ¿Un retroceso en derechos humanos?
En los últimos años, México ha enfrentado un camino sinuoso en la lucha contra los delitos fiscales y financieros. Aunque las reformas prometen un mayor control, también abren la puerta a prácticas que podrían vulnerar derechos fundamentales y consolidar un modelo punitivo y centralizado.
El debate actual se centra en propuestas legislativas que pretenden reinstaurar la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales como defraudación y contrabando. Estas iniciativas han generado una ola de preocupación entre juristas, defensores de derechos humanos y organismos internacionales.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué genera polémica?
La prisión preventiva oficiosa implica encarcelar automáticamente a una persona acusada de ciertos delitos, incluso antes de que se demuestre su culpabilidad. Aunque fue concebida para garantizar procesos judiciales y evitar la fuga de imputados, su uso ha sido ampliamente criticado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En casos como “Tzompaxtle Tecpile vs. México” y “García Rodríguez vs. México”, la CIDH concluyó que esta práctica violenta principios como la presunción de inocencia y el debido proceso. México fue instado a eliminar la prisión preventiva automática de su legislación, exigiendo una evaluación judicial detallada para cada caso.
Reformas recientes: ¿un paso hacia el retroceso?
En 2019, el Congreso amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre ellos, se incluyeron delitos fiscales como defraudación fiscal y contrabando. Sin embargo, la Suprema Corte declaró inconstitucional esta inclusión, afirmando que violaba derechos fundamentales.
Pese a estos precedentes, el gobierno actual busca reinstaurar la prisión preventiva automática para estos delitos. Además, se propone reformar artículos constitucionales clave para limitar el uso del control de convencionalidad, un mecanismo que permite a los jueces aplicar estándares internacionales en sus decisiones.
¿Qué significan estas reformas para los ciudadanos?
La defraudación fiscal, una de las principales preocupaciones de las reformas, podría aplicarse incluso a omisiones involuntarias en el pago de impuestos. Esto expone a cualquier contribuyente, desde grandes empresarios hasta pequeños comerciantes, a ser encarcelado sin juicio previo.
Ejemplo práctico:
Imagina que tu contador comete un error en la declaración fiscal. Bajo las reformas propuestas, podrías ser acusado de defraudación fiscal, enfrentando prisión preventiva sin una evaluación profunda de tu caso.
Impacto en las relaciones internacionales
Estas reformas también ponen a México en riesgo de incumplir sus compromisos internacionales. Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un Estado no puede usar su legislación interna como excusa para ignorar tratados internacionales.
El regreso de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales contradice los criterios de la CIDH y podría generar tensiones diplomáticas con organismos internacionales y socios comerciales clave.
¿Terrorismo fiscal o justicia?
Organismos de derechos humanos han advertido que estas medidas podrían derivar en “terrorismo fiscal”, donde los contribuyentes vivan bajo constante amenaza de persecución penal, incluso por errores administrativos. Esto no solo afecta la confianza ciudadana, sino que también socava la economía al desincentivar la formalidad.
Un llamado al equilibrio
La lucha contra la defraudación fiscal es legítima, pero no debe realizarse a expensas de los derechos humanos. México enfrenta el desafío de diseñar políticas públicas que sean efectivas y respetuosas de las garantías fundamentales.
Es imperativo que las reformas se alineen con estándares internacionales, promoviendo la justicia sin sacrificar el debido proceso. De lo contrario, podríamos estar ante un retroceso histórico que afecte tanto a la confianza en las instituciones como a la percepción internacional de México como un Estado de derecho.
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