Un paso atrás en la justicia penal: la reforma al artículo 19 constitucional
El 1 de enero de 2025 marcó el regreso de la prisión preventiva oficiosa como una herramienta de uso automático en el sistema penal mexicano. Esta reforma al artículo 19 de la Constitución ha despertado controversia, siendo vista por muchos como un retroceso en la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial.
En el pasado, esta medida fue ampliamente cuestionada por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la calificó como una pena anticipada contraria al principio de presunción de inocencia. Ahora, México parece regresar a una era de justicia punitiva y restrictiva.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué es tan polémica?
La prisión preventiva oficiosa obliga a encarcelar automáticamente a una persona imputada por ciertos delitos graves, sin necesidad de que un juez evalúe el caso en detalle.
En teoría, busca evitar riesgos como la fuga del acusado o la repetición del delito. Sin embargo, en la práctica, esta figura ha sido criticada por usarse indiscriminadamente, afectando a personas inocentes y saturando los sistemas penitenciarios.
Novedades de la reforma:
- Reinclusión de delitos fiscales y contrabando: Estos se suman al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
- Prohibición de interpretación judicial: Los jueces no podrán interpretar la norma en favor de los derechos humanos ni adecuarla a casos específicos.
Impacto en los derechos humanos: la crítica de organismos internacionales
En años recientes, la CIDH condenó al Estado mexicano por usar la prisión preventiva oficiosa en los casos de “Tzompaxtle y Tecpile y Otros vs. México” y “García Rodríguez y Otros vs. México”. Estas resoluciones subrayaron que la medida viola el principio de presunción de inocencia y constituye una forma de castigo anticipado.
Con esta reforma, México contradice compromisos internacionales adquiridos en la Convención de Viena y tratados de derechos humanos, rompiendo con estándares legales que promueven justicia y equidad.
¿Qué implica esta reforma para el sistema judicial?
La reforma al artículo 19 no solo afecta los derechos de los imputados, sino que también erosiona la independencia del Poder Judicial. Al prohibir la interpretación judicial en favor de los derechos humanos, se limita la capacidad de los jueces para evaluar casos de manera individualizada.
Consecuencias:
- Saturación del sistema penitenciario.
- Mayor riesgo de encarcelamientos injustos.
- Deterioro de la confianza en la justicia mexicana.
Opiniones divididas: ¿Un acto de seguridad o un golpe autoritario?
Los defensores de la reforma argumentan que fortalece la seguridad pública y combate delitos graves. Sin embargo, expertos y organizaciones civiles ven en esta medida una herramienta de control autoritario que prioriza el castigo sobre la justicia.
“El regreso de la prisión preventiva oficiosa es un retroceso en todos los sentidos: judicial, social y político. Es una medida que fomenta el autoritarismo y destruye el equilibrio de poderes”, señaló un especialista en derecho constitucional.
¿Hacia dónde va México?
La implementación de esta reforma pone en tela de juicio los avances en materia de derechos humanos y justicia penal logrados en los últimos años. México se enfrenta ahora al reto de reconciliar su sistema jurídico con los compromisos internacionales adquiridos, mientras lidia con las críticas por volver a prácticas que algunos consideran medievales.
El debate no termina aquí. ¿Qué precio pagará la sociedad mexicana por esta medida?
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