Rafael Echazarreta Torres, dirigente del PRI en Mérida, fue detenido por un presunto fraude de 12 millones de pesos, lo que desató una inmediata y airada respuesta del partido tricolor, que acusa al gobierno de Morena de orquestar una «persecución política» en su contra, en un caso con tintes de revancha personal.
El ya tenso panorama político mexicano ha sumado un nuevo y explosivo capítulo. La tarde de este viernes fue detenido en Yucatán Rafael Echazarreta Torres, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Mérida, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de fraude. La denuncia fue interpuesta por el empresario Horacio de Freitas Da Silva, quien acusa al político de un engaño que asciende a 12 millones de pesos.
Sin embargo, lo que podría ser un caso judicial más, ha escalado rápidamente a una confrontación política de primer nivel. La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reaccionó de forma inmediata y contundente, denunciando que la detención es un acto de «persecución política» orquestado desde el poder.
La Acusación: De Fraude a Venganza Política
Según la denuncia, registrada en la carpeta de investigación NORTE-57-24-2024, Echazarreta habría convencido al empresario de invertir en una compañía con la promesa de obtener el 40% de las acciones, utilizando su imagen pública para generar confianza, pero los rendimientos nunca se materializaron.
No obstante, el PRI ha desestimado la validez jurídica del caso y lo enmarca en una estrategia de intimidación. En un comunicado, el partido afirmó que el arresto es una «venganza» y una respuesta a «las voces críticas que denuncian sus irregularidades», en una clara alusión al gobierno de Morena. Esta narrativa transforma el caso de un presunto delito financiero a un símbolo de la lucha por el poder y la supuesta utilización de las instituciones de justicia con fines partidistas.
El Trasfondo: Un Conflicto con Historia Personal
La virulencia de las acusaciones se entiende mejor al analizar el trasfondo del implicado. Rafael Echazarreta no es un priista de toda la vida; de hecho, su llegada al partido tricolor es reciente y se produjo tras una ruptura conflictiva con Morena. Echazarreta renunció al partido en el poder acusando al entonces candidato a la gubernatura de difamación durante el proceso interno de selección de candidatos.
El PRI condenó la detención y lamentó que el gobierno estatal utilice la venganza como respuesta “ante las voces críticas que denuncian sus irregularidades”.
Este historial de traición y rivalidad personal añade una capa de drama humano que alimenta la controversia. Para los simpatizantes del PRI, este detalle es la prueba irrefutable de que el arresto es una revancha política. Para los observadores, convierte el escándalo en una historia mucho más atractiva y compartible, una especie de «telenovela política» donde las lealtades rotas y las venganzas personales juegan un papel central.
Independientemente del mérito legal de la acusación de fraude, el arresto de Echazarreta ya se ha convertido en un arma en la guerra de narrativas que define la política mexicana. Para la oposición, es la evidencia de un gobierno autoritario que utiliza el sistema judicial para silenciar a sus críticos. Para el gobierno, es una muestra de que nadie está por encima de la ley. En medio, la ciudadanía observa un nuevo episodio que ahonda la polarización y la desconfianza en las instituciones, donde la verdad jurídica corre el riesgo de quedar sepultada bajo el peso de la disputa política.
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