Presupuesto 2026 exige reingeniería para atender crisis sociales en México

Presupuesto 2026 exige reingeniería para atender crisis sociales en México
Presupuesto 2026 exige reingeniería para atender crisis sociales en México

En medio de una creciente presión social y política, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 enfrenta cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, expertos y legisladores que advierten una peligrosa tendencia: el debilitamiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, combatir la corrupción y garantizar la transparencia.

Durante un foro de parlamento abierto celebrado en la Cámara de Diputados, analistas coincidieron en que el presupuesto requiere una “reingeniería profunda” para atender con urgencia las demandas sociales más sensibles del país. La falta de recursos, afirmaron, amenaza con frenar la búsqueda de miles de personas desaparecidas y limitar el funcionamiento de los organismos anticorrupción.

La crisis de los desaparecidos: más cuerpos que respuestas

Uno de los señalamientos más alarmantes fue el de Emanuel Jiménez García, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). Según explicó, el país cuenta con apenas 15 mil peritos forenses para analizar más de 72 mil cuerpos sin identificar, una cifra que crece cada año sin una estrategia nacional clara.

“En México no existen políticas públicas efectivas para realizar búsquedas en vida”, denunció Jiménez.

Agregó que muchas comisiones locales de búsqueda operan sin materiales ni personal suficiente, y que cualquier reducción presupuestal podría ser devastadora.

De hecho, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) recibiría apenas 1.2 millones de pesos en 2026, frente a los 23 mil 493 millones asignados a la Guardia Nacional. La activista Virginia Garay, fundadora de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, lamentó el contraste:

“No se puede hablar de justicia ni de paz mientras miles de familias siguen esperando respuestas”.

Corrupción y transparencia: instituciones en retroceso

Otra de las alertas surgió del ámbito institucional. Anaid García Tobón, especialista en gobierno y asuntos públicos, explicó que cinco de las seis dependencias anticorrupción sufrirán recortes en 2026, una señal preocupante en un país que aún enfrenta escándalos por desvíos de recursos y falta de rendición de cuentas.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno verá reducidos sus fondos en 2.1%, mientras que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción operará con apenas 1.10% del presupuesto total de la Fiscalía General de la República, y solo 194 funcionarios activos.

En materia de transparencia, el panorama es aún más crítico. El nuevo organismo Transparencia para el Pueblo recibirá apenas 25 millones de pesos, frente a los mil millones anuales con los que contaba el extinto INAI. El recorte equivale a una reducción del 98%, lo que deja en duda la capacidad del gobierno para garantizar el acceso a la información pública.

Austeridad sin estrategia: una advertencia técnica

“Es fundamental desmitificar la idea de que austeridad equivale a combatir la corrupción”, enfatizó García Tobón. “Los recortes sin planeación no eliminan los abusos, solo debilitan a las instituciones que los vigilan”.

Los participantes del foro coincidieron en que la austeridad debe aplicarse con visión estratégica, no como un mecanismo de control político. Proponen una reingeniería presupuestal que redistribuya los fondos con enfoque social, priorizando la búsqueda de personas, la reinserción social y el fortalecimiento institucional.

El desafío será mayúsculo. Con un año electoral en puerta y un Congreso dividido, el Presupuesto de Egresos 2026 podría convertirse en el termómetro político que defina la relación entre el gobierno federal, los estados y la ciudadanía.

El reto de 2026: justicia, transparencia y humanidad

México enfrenta una encrucijada presupuestal: mantener la austeridad o apostar por una inversión social sostenible. Si el PPEF 2026 no logra equilibrar ambas prioridades, advierten los expertos, el país podría enfrentar un deterioro institucional sin precedentes.

El presupuesto no solo define cifras: marca las prioridades de un gobierno y el futuro de millones de personas que esperan respuestas, justicia y dignidad.

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