Con el cierre del periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, consolidando una tendencia que ya parecía inevitable: la concentración de poder en los ámbitos Legislativo y Ejecutivo. Este presupuesto deja en claro que el debilitamiento del Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos no solo es una estrategia, sino una prioridad política.
Un Poder Judicial en recesión presupuestaria
El Poder Judicial Federal (PJF) enfrenta uno de los mayores retos de su historia.
- Recorte del 9.37%: Comparado con 2024, el presupuesto del PJF se ve reducido significativamente, afectando directamente la capacidad de operación y la estabilidad laboral de cientos de servidores públicos.
- Reestructuración y despidos: El panorama se complica con los recientes ajustes internos, que ya implicaron el despido masivo de personal.
Esta reducción es un golpe contundente para la impartición de justicia en un país donde las brechas de desigualdad y acceso a este derecho son profundas.
INE: elecciones de bajo presupuesto y alta presión
El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar un proceso electoral único para la selección de ministros, magistrados y jueces, enfrenta un recorte del 17.6%.
- Impacto en el proceso electoral judicial: No se asignaron los más de 13 mil millones de pesos solicitados para garantizar elecciones transparentes.
- Riesgo de calidad: Esto remite a precedentes como la revocación de mandato, que fue limitada por restricciones presupuestarias y terminó como un ejercicio fallido de participación ciudadana.
Sin los recursos necesarios, las elecciones del Poder Judicial estarán marcadas por deficiencias y una evidente falta de equidad, lo que genera dudas sobre su legitimidad.
Órganos autónomos: en camino a la extinción
Instituciones como el INAI, COFECE y el IFT han sido severamente castigadas:
- Reducción del 65%: Con estos recortes, las funciones esenciales de estos organismos se diluyen y se reasignan a otras entidades.
- Derechos laborales en riesgo: La incertidumbre sobre las liquidaciones y la protección de los derechos de los trabajadores de estos organismos es una preocupación creciente.
El mensaje es claro: el gobierno prioriza centralizar las funciones de estos órganos, dejando de lado el equilibrio que proveen a la democracia mexicana.
Una concentración de poder peligrosa
El presupuesto 2025 refuerza la hegemonía del gobierno central y compromete los contrapesos democráticos. Las reducciones presupuestarias no solo afectan a las instituciones, sino también a la confianza ciudadana en el sistema.
- Elecciones judiciales minimizadas: Sin un financiamiento adecuado, se abre la puerta a procesos electivos de baja calidad y simulación.
- Implicaciones sociales: En un entorno con crecientes demandas de justicia y transparencia, el debilitamiento de estos pilares solo profundiza las desigualdades.
¿Qué esperar para 2025?
El panorama para el próximo año no es alentador, pero aún es posible apostar por el fortalecimiento de la democracia mediante:
- Participación activa de la ciudadanía: Exigir transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del presupuesto.
- Defensa de los contrapesos democráticos: A través de acciones legales y sociales que preserven la autonomía de las instituciones.
- Diálogo entre poderes: Impulsar la construcción de acuerdos que equilibren la relación entre los distintos ámbitos de gobierno.
¡Únete a nuestro canal de Telegram! Las noticias más relevantes del día directamente en tu dispositivo móvil.
TE PODRÍA INTERESAR