La desaparición de siete órganos constitucionales autónomos está a punto de consumarse en México. La mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso tomará esta decisión, que representa un giro hacia la concentración de poder en el Ejecutivo. ¿Qué implica esto para nuestra democracia?
Un golpe a la democracia construida por décadas
Los órganos constitucionales autónomos no surgieron como un capricho ni como un lujo administrativo. Su creación respondió a un contexto histórico en el que el régimen posrevolucionario concentraba excesivo poder en el presidente de la República. Este hiperpresidencialismo generó desconfianza entre ciudadanos y actores políticos, haciendo urgente una solución que permitiera una administración más técnica, neutral y confiable.
Con el tiempo, instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) se convirtieron en piezas clave para garantizar elecciones imparciales, estabilidad económica y acceso a la información pública.
Hoy, Morena califica a estos órganos como “innecesarios” y “neoliberales”, argumentos que han servido como base para justificar su eliminación. Sin embargo, el trasfondo político no pasa desapercibido: estas instituciones eran contrapesos que limitaban el poder del Ejecutivo.
¿Qué se pierde con la eliminación de los órganos autónomos?
1. Regulación especializada:
Órganos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) regulaban sectores complejos como el energético y las telecomunicaciones, asegurando mercados justos para consumidores y empresas. Su desaparición deja estos sectores en manos del gobierno, abriendo la puerta a decisiones discrecionales.
2. Transparencia y acceso a la información:
El INAI garantizaba que los ciudadanos pudieran acceder a información pública y proteger sus datos personales. La centralización de estas funciones bajo el gobierno federal podría debilitar los derechos de acceso y protección.
3. Educación y política social basadas en evidencia:
Órganos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) aportaban datos técnicos cruciales para medir avances en educación y combate a la pobreza.
El retorno al autoritarismo hiperpresidencialista
La desaparición de estos órganos refleja un regreso a un modelo donde el Ejecutivo concentra prácticamente todas las decisiones relevantes. Esto no solo resta independencia técnica a las políticas públicas, sino que también aumenta el riesgo de que estas respondan más a intereses políticos que al beneficio ciudadano.
Por ejemplo, en la reforma judicial reciente, el Poder Judicial fue reconfigurado de tal forma que los magistrados están cada vez más alineados con el grupo político en el poder. Ahora, con la eliminación de los órganos autónomos, el Ejecutivo podrá manejar funciones clave como las elecciones y la política económica sin mayores contrapesos.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Ante este panorama, la ciudadanía enfrenta un desafío crucial: mantenerse informada y exigir rendición de cuentas. Aunque los órganos autónomos desaparezcan, su legado sigue vivo en la memoria de quienes valoran una democracia robusta. La organización social y la presión desde la sociedad civil serán claves para evitar abusos de poder.
Conclusión: Un paso hacia atrás en nuestra historia democrática
La eliminación de los órganos constitucionales autónomos no es un simple cambio administrativo. Representa un retroceso democrático que podría dejar a los ciudadanos más expuestos a decisiones autoritarias y centralizadas. Aunque hoy esta decisión favorezca al grupo político en el poder, mañana puede convertirse en una amenaza para todos los mexicanos.
Quienes celebran esta medida, tarde o temprano, lamentarán sus implicaciones. ¿Estamos dispuestos a sacrificar décadas de avances democráticos?
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