La diputada federal suplente por el PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó este lunes una solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, acusándolo de presunta complicidad con el grupo criminal La Barredora durante su gestión como gobernador de Tabasco.
La presentación de la demanda en San Lázaro
Pérez Jaén llegó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a las 10:15 horas, donde fue recibida por el Secretario General, Mauricio Farah, para formalizar la solicitud. “Este lunes presenté demanda de juicio político en la Cámara de Diputados en contra del senador Adán Augusto López Hernández, por presuntos actos y omisiones que favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco”, declaró ante medios de comunicación.
Evidencias y antecedentes de la querella
La demanda se acompaña de informes oficiales de inteligencia militar obtenidos tras la filtración del colectivo Guacamaya, así como de notas periodísticas que señalan a López Hernández por permitir, encubrir y beneficiar redes criminales en Tabasco. La investigación se centra especialmente en Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, actualmente bajo custodia federal.
Los reportes de inteligencia fechados entre febrero y marzo de 2021 alertaron al gobierno federal sobre las actividades ilícitas de Bermúdez y de la organización La Barredora.
Presuntos delitos y consecuencias legales
Según la querella, López Hernández habría incurrido en tráfico de influencia, cohecho y encubrimiento, al tener conocimiento de los actos ilícitos de su entonces secretario y no informar ni cooperar con las autoridades.
La solicitud de juicio político pide destitución e inhabilitación por hasta 20 años, así como la apertura de procesos penales correspondientes en caso de comprobarse los delitos. La legisladora deberá ratificar la demanda en un plazo de tres días hábiles.
Repercusiones y contexto político
Este juicio político se suma al clima de exigencia de transparencia y rendición de cuentas en México, donde la relación entre funcionarios y el crimen organizado ha generado atención mediática nacional. La acción de la diputada PAN busca enviar un mensaje de tolerancia cero a la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
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