Las recientes elecciones judiciales en México, un proceso histórico para el país, han levantado serias preocupaciones sobre la posible infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia, con reportes de candidatos con antecedentes penales o vínculos con cárteles.
El pasado domingo 1 de junio de 2025, México llevó a cabo sus primeras elecciones judiciales federales, un evento sin precedentes que buscaba «democratizar» el poder judicial. Sin embargo, este proceso ha sido ensombrecido por advertencias y denuncias sobre la vulnerabilidad del sistema a la influencia del crimen organizado.
Críticos, incluyendo exjueces y expertos legales, han expresado que la reforma podría permitir la elección de jueces parciales o, lo que es más alarmante, aquellos con lazos directos con el crimen organizado. Se han reportado casos de candidatos con presuntos antecedentes penales, vínculos con líderes de cárteles o involucrados en escándalos de corrupción. Un ejemplo citado es el de Silvia Delgado García, exabogada del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien se postuló para un puesto de jueza de un tribunal penal.
Vulnerabilidad del Proceso Electoral
La preocupación se intensifica debido a varios factores en el proceso electoral:
* Autofinanciamiento de Campañas: Los candidatos se autofinancian sus campañas y carecen de protección institucional, lo que los hace vulnerables a la influencia o intimidación criminal.
* Falta de Transparencia en el Conteo: La centralización del conteo de votos, que por primera vez en 34 años excluyó la participación ciudadana en las casillas, ha reducido la transparencia local y aumentado el riesgo de inestabilidad post-electoral.
* Guías de Voto y Coerción: Se han denunciado la distribución masiva de «guías de voto» o «acordeones», predominantemente a favor de candidatos vinculados a Morena, lo que el INE investiga como posible «coerción».
La baja participación electoral, de alrededor del 13% también debilita el argumento de un mandato democrático fuerte, lo que podría facilitar la manipulación de resultados por parte de actores con intereses ilícitos.
Implicaciones para el Estado de Derecho y la inversión
La independencia judicial es un pilar fundamental para el Estado de Derecho y la confianza de los inversores. Si el poder judicial es percibido como politizado o susceptible a la influencia del crimen organizado, la seguridad jurídica para las inversiones se ve comprometida. Esto podría «socavar la confianza de los inversores, debilitar la aplicación de contratos y complicar los mecanismos de resolución de disputas».
La revisión del T-MEC en 2026 podría poner el Estado de Derecho en México como un tema central, potencialmente haciendo al país un «socio comercial y de inversión menos predecible y fiable». La situación actual plantea un desafío significativo para la seguridad y la justicia en México, con el riesgo de que la influencia criminal se arraigue aún más en las instituciones.
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