Desde febrero de 2019, las polémicas de Gertz Manero acompañaron cada etapa de su gestión como titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Su mandato, que inició como una promesa de autonomía y fortalecimiento institucional, terminó envuelto en conflictos judiciales, señalamientos públicos y casos que dividieron a la opinión pública mexicana.
Las principales polémicas de Gertz Manero durante su mandato
El caso más mediático de las polémicas de Gertz de todos fue el de su excuñada Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas Morán, a quienes se les acusaba de homicidio doloso en contra de Federico Gertz Manero, hermano del entonces Fiscal. La controversia escaló al punto de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en marzo de 2022 ordenó la inmediata libertad de Cuevas y determinó que no existía delito que perseguir.
Este episodio de las polémicas de Gertz desató una fuerte crítica hacia la FGR, pues diversos sectores señalaron un aparente uso personal de la institución para litigar un conflicto familiar.
A la par, surgieron versiones sobre presuntas propiedades de lujo del fiscal en España, lo que alimentó aún más la sombra de dudas alrededor de su gestión. Aunque Gertz compareció ante el Senado en 2022, lo hizo sin recibir cuestionamientos directos, lo que generó molestia entre legisladores y especialistas en transparencia.
Otra de las polémicas de Gertz fuertes ocurrió en 2021, cuando la FGR acusó a 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Las imputaciones fueron catalogadas por académicos como desproporcionadas, y finalmente el caso fue archivado en 2022 por falta de elementos para proceder penalmente.
En agosto de ese mismo año, un Tribunal Federal ordenó dictar el no ejercicio de la acción penal, cerrando legalmente uno de los episodios más controvertidos del periodo de Gertz Manero.
Filtraciones, presiones y señalamientos de uso político de la FGR
Además de los conflictos judiciales, las polémicas de Gertz Manero escalaron con filtraciones que exhibieron conversaciones telefónicas entre el fiscal y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. En los audios, se escuchaba a Gertz presionando para que Lozoya cambiara de abogado mientras se negociaba un criterio de oportunidad.
Aunque la autenticidad de las grabaciones nunca fue desmentida oficialmente, la FGR tampoco emprendió acciones contra los responsables de la filtración.
El caso Lozoya terminó por convertirse en uno de los grandes pendientes del fiscal, pues no hubo avances significativos para obtener sentencias en el escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht.
A su lista de conflictos se sumó una denuncia presentada en 2022 por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, quien acusó a Gertz Manero de tráfico de influencias y asociación delictuosa. Según Scherer, el fiscal le pidió gestionar ante el Poder Judicial que fueran negados los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, una solicitud que él rechazó.
En otro episodio de las polémicas de Gertz entregó en una conferencia presidencial un cheque por dos mil millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Los fondos provenían de un caso bajo investigación y fueron utilizados para financiar la rifa relacionada con el avión presidencial. Sin embargo, en 2022 el dinero tuvo que ser devuelto al Infonavit al comprobarse que era parte de una reparación del daño destinada originalmente al instituto.
Finalmente, en abril de 2025, el fiscal declaró que un rancho en Jalisco —señalado como supuesto crematorio clandestino por diversas versiones— era en realidad un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, asegurando que no existía evidencia de que el lugar se hubiera usado para desapariciones o incineraciones.
En este contexto, el objetivo de fortalecer los mecanismos para reportar transferencias también busca cerrar espacios a operaciones ilícitas que puedan aprovechar vacíos en la regulación. Con estas modificaciones, México se alinea a estándares internacionales y moderniza la supervisión financiera, un paso clave para mejorar la transparencia y prevenir riesgos asociados al lavado de dinero en el sistema bancario.
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