ONU tortura México fue el eje central de la tercera visita oficial del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, la cual concluyó este viernes tras varios días de trabajo en el país. La delegación internacional examinó las acciones adoptadas por el Estado mexicano para combatir este delito, así como el impacto real de las políticas públicas diseñadas para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en distintos niveles de gobierno.

La visita, iniciada el pasado 25 de enero, se desarrolló bajo un esquema de confidencialidad, una práctica habitual de este mecanismo internacional. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ofreció detalles generales sobre los encuentros y actividades realizadas, subrayando que México reiteró su apertura al escrutinio internacional y su disposición a colaborar con los organismos de derechos humanos de la ONU.

Cooperación internacional y diálogo institucional

Durante la estancia del Subcomité, se llevaron a cabo reuniones con representantes de al menos 20 dependencias federales. Estos encuentros fueron encabezados por funcionarios clave, entre ellos el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio; y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Froylán Enciso.

De acuerdo con la CNDH, el diálogo fue descrito como constructivo, con énfasis en fortalecer las políticas públicas existentes y mejorar los mecanismos de prevención. Las conversaciones incluyeron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República, instituciones clave en la investigación y sanción de casos de tortura.

La Comisión destacó que el Estado mexicano reafirmó su compromiso de proteger las libertades fundamentales y de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas, en especial aquellas privadas de la libertad, uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de violaciones.

Visitas a centros de detención y supervisión directa

Uno de los componentes centrales de la visita del Subcomité fue la inspección directa de centros de detención en distintos estados del país. Estas visitas permiten a los expertos evaluar las condiciones reales en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, así como verificar el cumplimiento de las salvaguardias destinadas a prevenir la tortura.

Según informó la CNDH, el acceso a estos centros fue facilitado por el gobierno mexicano en coordinación con autoridades estatales. Este punto es relevante, ya que la cooperación en terreno es uno de los indicadores que la ONU toma en cuenta para valorar la voluntad política de los Estados en materia de derechos humanos.

La supervisión directa incluye entrevistas confidenciales con personas detenidas y con el personal encargado de los centros, así como la revisión de protocolos, infraestructura y prácticas cotidianas relacionadas con la custodia y el trato digno.

Marco legal y políticas contra la tortura

La Comisión Nacional subrayó que los esfuerzos de México para erradicar la tortura se sustentan en una serie de reformas y leyes adoptadas en la última década. Entre ellas destacan las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, que elevaron los estándares de protección y obligaron a todas las autoridades a promover y respetar estos derechos.

Asimismo, se mencionó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, promulgada en 2017, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016. A este marco se suma la publicación, el 18 de febrero de 2025, del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, considerado una hoja de ruta para coordinar acciones entre instituciones federales y estatales.

El papel del Mecanismo Nacional de Prevención

Otro elemento clave evaluado durante la visita fue el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), presidido por la CNDH. Este órgano tiene el mandato de realizar visitas periódicas a lugares de privación de la libertad con el objetivo de supervisar que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar un trato digno.

El MNPT revisa que se respeten las salvaguardias básicas, como el acceso a defensa legal, atención médica y condiciones adecuadas de detención. Su labor es preventiva, lo que significa que busca identificar riesgos antes de que se materialicen en violaciones graves a los derechos humanos.

Expectativas tras la visita de la ONU

En los próximos días se espera que la delegación del Subcomité emita un comunicado de cierre. El informe completo con sus hallazgos será confidencial y su eventual publicación dependerá de la decisión del gobierno mexicano, una práctica que ha generado debate entre organizaciones civiles que exigen mayor transparencia.

La conclusión de esta visita marca un momento relevante para México, ya que coloca nuevamente en el centro del debate la efectividad real de las políticas contra la tortura. Más allá de los compromisos formales, el reto sigue siendo traducir las leyes y programas en cambios tangibles que garanticen justicia, rendición de cuentas y respeto pleno a los derechos humanos.