La bancada de Morena en el Congreso planea aprobar una controvertida reforma judicial que extendería la prisión preventiva automática a delitos fiscales, como defraudación y uso de facturas falsas. Este cambio al Artículo 19 de la Constitución coloca a México en una encrucijada legal: al tiempo que otorga al gobierno nuevas herramientas de control, también despierta profundas preocupaciones sobre derechos humanos y el impacto en el sistema judicial.
Prisión automática por delitos fiscales: ¿una herramienta de justicia o un arma política?
La reforma al Artículo 19 plantea que delitos fiscales como defraudación, contrabando y uso de comprobantes fiscales falsos sean automáticamente castigados con prisión preventiva, sin una evaluación previa del juez. Esto significa que cualquier acusado por estos delitos deberá enfrentar su proceso tras las rejas, aun antes de ser declarado culpable.
En un país donde la prisión preventiva es un problema grave, estas nuevas medidas preocupan a organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre posibles abusos. La prisión preventiva en México ya mantiene a miles de personas en cárceles sin una sentencia. 37% de los reos no tienen condena, y muchos llevan más de dos años detenidos. Según el Inegi, esta figura legal es aplicada de manera abusiva, convirtiendo en prisión prolongada lo que en principio debía ser una medida temporal.
¿Cuáles son los riesgos para los derechos humanos y la justicia?
Los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ya han advertido que la prisión preventiva oficiosa atenta contra el derecho a la libertad y presunción de inocencia. Esta medida de prisión sin juicio pone en manos del Estado un poder que puede ser usado para castigar a quienes considere adversarios.
Además, esta medida coloca a México en tensión con estándares internacionales de derechos humanos y de manejo de población carcelaria. Si bien la reforma argumenta un propósito recaudatorio y de combate a la corrupción, también abre la puerta para castigar rápidamente a quienes sean percibidos como incómodos para el gobierno, limitando las posibilidades de una defensa efectiva.
Argumentos a favor: el impulso de Morena y los objetivos de recaudación
Desde la perspectiva de Morena y de algunos aliados de la 4T, la reforma responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de cobranza fiscal y sancionar a quienes actúan al margen de la ley. Este endurecimiento de las penas fiscales, afirman, busca garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Durante el sexenio de López Obrador, los esfuerzos por erradicar prácticas como la “facturación falsa” dieron paso a esta reforma, diseñada, argumentan, para asegurar los recursos necesarios en el gasto social y proyectos prioritarios.
Si bien la reforma no fue impulsada directamente por el equipo de Claudia Sheinbaum, fuentes aseguran que la mandataria respalda estas reformas fiscales y judiciales, valorando su potencial para apoyar los programas sociales prometidos en campaña.
La postura de la oposición y el conflicto en el propio Morena
La reforma ha generado un debate encendido. Algunos miembros de Morena, como Ricardo Monreal, han expresado sus dudas sobre la constitucionalidad de la medida. Monreal ha señalado que la defraudación fiscal es un delito que podría ser configurado con relativa facilidad, abriendo la puerta a posibles abusos. “El proyecto tal como está podría traer consecuencias negativas y debe reconsiderarse”, advirtió el senador.
Por su parte, la oposición ha sido crítica, argumentando que la prisión preventiva debería aplicarse únicamente en casos que representan una amenaza real para la sociedad, como los delitos graves que afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos.
El impacto para México en el contexto internacional
A nivel global, la reforma coloca a México en una situación compleja. La prisión preventiva obligatoria ya es un tema que ha generado tensiones entre el país y organismos internacionales de derechos humanos. Según datos del INEGI, en México, 86 mil personas están en prisión preventiva, lo que afecta no solo a los acusados, sino a sus familias y a la sociedad en su conjunto.
En este contexto, la reforma propuesta por Morena va en sentido contrario a los acuerdos internacionales que México ha suscrito para la protección de los derechos humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomienda limitar la prisión preventiva, estableciendo que solo debe aplicarse en casos estrictamente necesarios.
¿Qué sigue para México? Diplomacia y reforma fiscal
Mientras México enfrenta estas presiones judiciales, también debe prepararse para una agenda diplomática más compleja ante la posible reelección de Donald Trump. En este panorama, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha mostrado una postura firme: aseguró que México está listo para negociar el TMEC con “sangre fría e inteligencia”. De hecho, Ebrard ya se ha reunido con líderes comerciales y ha anunciado una tendencia de inversión creciente en el país.
Sin embargo, para enfrentar los retos comerciales y diplomáticos, México necesita abordar con seriedad y ética su política fiscal y judicial. Las decisiones que tome ahora en materia de derechos y justicia repercutirán directamente en la relación que sostenga con Estados Unidos y en su postura ante organismos internacionales.
Entre la seguridad y los derechos humanos
El avance de esta reforma fiscal y judicial abre un fuerte debate en México. La posibilidad de una prisión preventiva sin evaluación judicial divide a la sociedad y podría tener implicaciones profundas en derechos humanos, economía y relaciones internacionales. México está en un momento crucial: debe encontrar un equilibrio entre los esfuerzos de recaudación y el respeto a las garantías individuales.
La democracia y los derechos humanos en México enfrentan un desafío mayor: si bien es importante combatir la corrupción y fomentar una cultura de cumplimiento fiscal, hacerlo a través de una medida tan severa como la prisión preventiva automática podría tener consecuencias negativas a largo plazo.
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