En un paso que marca un antes y un después en la estructura gubernamental de México, 17 congresos locales aprobaron la reforma de simplificación orgánica, declarando la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el INAI, el IFT y la Cofece. Este movimiento, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca transferir las atribuciones de estos organismos a dependencias del Gobierno Federal, con la promesa de reducir costos y aumentar la eficiencia administrativa.
La aprobación se dio con el voto decisivo del Congreso de Yucatán, cerrando una semana de intensas discusiones a nivel estatal. Sin embargo, la medida no estuvo exenta de críticas, tanto de especialistas como de actores políticos, quienes señalan riesgos significativos para la imparcialidad y transparencia en las decisiones gubernamentales.
Organismos eliminados y sus funciones
La reforma afecta a siete organismos clave:
- INAI: Encargado de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.
- IFT: Regulador independiente del sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
- Cofece: Supervisora de la competencia económica en México.
- Coneval: Evaluadora de políticas de desarrollo social.
- Mejoredu: Responsable de la mejora continua en la educación.
- Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos: Supervisan el sector energético del país.
Estas instituciones, que han funcionado como contrapesos del poder ejecutivo, ahora verán sus atribuciones absorbidas por secretarías del Gobierno Federal, bajo la justificación de simplificar la administración pública.
Controversias y críticas: ¿qué está en juego?
La oposición y diversos especialistas han expresado preocupación por los efectos de esta reforma. Argumentan que centralizar las funciones en dependencias federales podría erosionar la independencia y la imparcialidad en áreas clave como telecomunicaciones, transparencia y regulación económica.
El INAI, por ejemplo, fue uno de los organismos que levantó la voz en busca de un mayor diálogo y análisis del impacto de esta decisión. Sin embargo, sus llamados no fueron atendidos, y la reforma avanzó rápidamente hacia su promulgación.
En el Congreso de Baja California, donde la mayoría de los legisladores son morenistas, la iniciativa fue rechazada por considerarla riesgosa para la democracia. Este acto fue una rara excepción en un contexto dominado por la aprobación generalizada de los congresos locales.
Los próximos pasos: transición en 90 días
La reforma incluye un artículo transitorio que otorga al Congreso de la Unión un plazo de 90 días para definir las leyes secundarias que guiarán la transición de los organismos autónomos hacia las dependencias gubernamentales.
Este período será crucial para entender cómo se implementará la transferencia de funciones y si el Gobierno Federal podrá garantizar el mismo nivel de eficiencia y transparencia que ofrecían los organismos autónomos.
Implicaciones para el futuro
La desaparición de estos organismos representa un cambio profundo en la relación entre el poder ejecutivo y la regulación de sectores clave en México. Mientras el gobierno asegura que la medida permitirá optimizar recursos, críticos advierten que podría consolidar un poder excesivo en manos del ejecutivo.
Este cambio también tendrá implicaciones en el panorama político, con la oposición utilizando el tema como bandera para las próximas elecciones, al tiempo que la administración Sheinbaum busca demostrar que su visión de simplificación es funcional y efectiva.
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