México votará a sus jueces: El impacto de la validación de la reforma judicial por la SCJN
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sellado el destino de una de las reformas más controvertidas en la historia reciente de México: a partir de 2025, los mexicanos votarán por sus jueces y magistrados, en un cambio monumental para el sistema de justicia. Con esta decisión, el país se adentra en terreno inexplorado, donde cerca de 1,700 cargos judiciales federales y una cantidad similar en los Estados serán elegidos en las urnas, en lugar de ser asignados a través del tradicional sistema de carrera judicial.
¿Qué implica la reforma judicial?
Desde hace meses, el oficialismo, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsó una reforma que, bajo el argumento de eliminar la corrupción y los privilegios en la judicatura, aboga por una elección democrática de jueces. La reforma enfrenta a la SCJN, que hasta ahora había defendido la carrera judicial como pilar de la independencia de la justicia, con el Congreso y el Ejecutivo, que controlan Morena y sus aliados.
El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, proponía una versión más limitada de esta reforma: solo los altos cargos judiciales, como los ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y de disciplina judicial, serían elegidos en comicios, mientras que los jueces de menor rango seguirían sujetos al sistema de méritos de la carrera judicial. Sin embargo, el pleno de la SCJN rechazó este martes la propuesta, con un voto decisivo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien se unió al bloque pro-oficialista, consolidando la validez total de la reforma.
La decisión y su trasfondo político
El rechazo del proyecto de Alcántara, que contó con el respaldo de siete ministros, revela profundas divisiones dentro del Alto Tribunal. Pérez Dayán, quien en otros momentos se ha mostrado crítico con las políticas de Morena, justificó su voto al afirmar que existen otras vías legales para abordar las posibles afectaciones de la reforma. Su cambio de postura generó sospechas entre la oposición, que cuestiona si el ministro fue presionado para cambiar su voto. Sin embargo, Pérez Dayán defendió su decisión argumentando que la SCJN no tiene facultades para invalidar enmiendas constitucionales.
Claudia Sheinbaum, respaldada por líderes de Morena, celebró el fallo como una victoria del “pueblo de México” sobre lo que consideraban una “élite judicial”. Según Sheinbaum, la reforma es una expresión legítima de la voluntad popular que exige un sistema judicial más transparente y accesible.
Un nuevo escenario para la justicia mexicana
La decisión de la SCJN abre una etapa sin precedentes en México: para 2025, ciudadanos deberán elegir a miles de jueces y magistrados en elecciones simultáneas en todo el país. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anticipado un presupuesto de más de 13,000 millones de pesos para estos complejos comicios, marcando un gasto inédito y una logística sin precedentes para garantizar la participación de todos los electores.
Además de los jueces de distrito y magistrados de circuito en instancias federales, cada uno de los 32 Estados tendrá que elegir a los miembros de su respectivo Poder Judicial. Este proceso promete acercar al electorado a la toma de decisiones sobre el sistema de justicia, pero también plantea preguntas sobre la formación, independencia y posibles riesgos de politización de los jueces. Las campañas para estos cargos se perfilan como un desafío para las instituciones, que deberán garantizar imparcialidad y equidad en las contiendas.
Dilemas sobre la independencia judicial
Una de las mayores preocupaciones es el impacto de esta reforma en la independencia judicial. El sistema de carrera judicial, establecido hace tres décadas, aseguraba ascensos por méritos y protegía a los jueces de despidos injustificados y cambios salariales, elementos considerados esenciales para un Poder Judicial fuerte y autónomo. La reforma elimina este sistema, permitiendo que todos los jueces sean elegidos por el voto popular, lo que algunos sectores temen que pueda hacer a los jueces vulnerables a la influencia política y a las fluctuaciones en la opinión pública.
El ministro González Alcántara advirtió en su propuesta que esta reforma podría vulnerar los principios básicos de la república federal y democrática de México, afectando derechos clave de inamovilidad, independencia y estabilidad económica de los jueces. Sin embargo, la SCJN, ahora dominada por una mayoría de inclinación oficialista, decidió no estudiar estos posibles riesgos a fondo.
Conclusiones: un reto para la democracia mexicana
A largo plazo, México se enfrenta al desafío de balancear una mayor apertura democrática en su sistema judicial con la necesidad de mantener un Poder Judicial independiente. Los comicios de 2025 y 2027 serán la primera prueba de fuego para esta reforma, que transformará para siempre el acceso y control sobre la justicia en México. La sociedad y los políticos deberán observar cuidadosamente este proceso, que marcará un antes y un después en la historia democrática y judicial del país.
