La discusión sobre la nueva Ley General de Aguas volvió a encender el debate en México. La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó entre tensiones, discusiones hasta la madrugada entre los diputados y protestas de productores agrícolas, mientras la Cámara de Diputados la aprobó junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
El proceso legislativo se dio en medio de reclamos, bloqueos con tractores y advertencias por parte de grupos campesinos y de la oposición, quienes aseguran que la iniciativa es centralista, excluye a comunidades indígenas y podría favorecer a grandes actores del sector hídrico.
¿Cómo se aprobó la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados?
La sesión se desarrolló con un ambiente de tensión. Morena y sus aliados modificaron el orden del día de último minuto para llevar la iniciativa al pleno. Sin pasar por los trámites habituales, la mayoría utilizó su fuerza para acelerar la votación.
El dictamen a la Ley de Aguas se aprobó con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, y pasó al Senado. A pesar de que se enlistaron más de 500 artículos reservados, los cambios aceptados serían únicamente los propuestos por Morena, PVEM y PT.
El diputado Ricardo Monreal presentó un paquete de 18 reservas, aprobadas a mano alzada. Señaló que buscaban “corregir inconsistencias” y asegurar que temas polémicos, como concesiones ganaderas, herencias y negativa ficta, ya estaban resueltos.
Afuera, productores agrícolas exigían modificaciones al artículo 22, al considerar que la redacción podría afectar derechos adquiridos en concesiones históricas.
El artículo 22: el punto que más preocupa a productores
El artículo 22 establece que los derechos amparados en concesiones y asignaciones no podrán transmitirse, y que cualquier reasignación dependerá exclusivamente de la “autoridad del agua”, quien otorgaría nuevos títulos mediante procedimientos expeditos.
Organizaciones del campo señalan que esta redacción deja en manos de la Conagua decisiones que antes podían heredarse o mantenerse dentro de una comunidad agrícola, lo que podría abrir la puerta a disputas y pérdidas de derechos.
Grupos campesinos afirman que, sin asesoría técnica o recursos suficientes, el riesgo de perder concesiones ante grandes empresas es mayor, especialmente en regiones donde el agua es el motor económico.
La controversia con comunidades indígenas
La organización Fundar advirtió que ni la propuesta original ni la modificada incorporan el derecho de las comunidades indígenas a la libre determinación sobre sus fuentes de agua.
Según el análisis, la iniciativa deja abierta la posibilidad de concesionar aguas dentro de territorios indígenas sin su consentimiento. Para especialistas, esto las coloca en un papel secundario y las expone a despojos o decisiones unilaterales.
Centralización del poder en Conagua
Otro punto polémico de la Ley de Aguas es la concentración de facultades en la Conagua. La reforma pone en sus manos la asignación de concesiones y el control del consumo de agua.
Analistas sostienen que esto incrementa el riesgo de discrecionalidad, ya que no habría otro organismo que supervise las decisiones de Conagua. Antes, esta labor recaía en 13 organismos locales de cuenca, con mayor conocimiento territorial y participación comunitaria.
El regreso al modelo de 1992
La Contraloría Nacional del Agua sostiene que mantener la estructura de los organismos de cuenca reproduce el modelo aplicado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que según su análisis ha favorecido a grandes concesionarios.
La crítica apunta a que estos organismos continúan funcionando como intermediarios entre ciudadanos y gobierno, sin ofrecer una gestión democrática del recurso hídrico.
Especialistas como la politóloga Viri Ríos advierten que mantener sin cambios los distritos de riego podría perpetuar prácticas con apariencia de monopolio.
Estos organismos privados administran el agua para actividades agropecuarias y establecen cuotas, por lo que su permanencia sin nuevas reglas podría profundizar desigualdades en el acceso al agua en zonas rurales.
¿Desventajas para pequeños productores?
El texto de la Ley de Aguas contempla prórrogas de concesiones, pero solo bajo el cumplimiento estricto de requisitos previos. Para ejidatarios sin asesoría continua, el trámite podría convertirse en una barrera difícil de superar.
La Cámara de Diputados incluyó cambios a la Ley de Aguas para permitir que la muerte del titular no signifique perder la concesión. Sin embargo, organizaciones campesinas alegan que las condiciones siguen siendo desfavorables frente al poder económico y legal de grandes empresas.
La propuesta ha generado críticas incluso entre quienes esperaban una reforma más profunda. Analistas sostienen que las iniciativas no abordan temas estructurales como las omisiones de grandes empresas en el pago por uso del agua o la necesidad de fortalecer el presupuesto de Conagua.
Mientras defensores aseguran que la ley corrige distorsiones y ordena el sistema de concesiones, mientras opositores cuestionan el proceso legislativo y advierten riesgos de concentración y exclusión. Pero la realidad sobre la nueva Ley de Aguas se podrá conocer hasta su total implementación.
Las aclaraciones de Conagua ante señalamientos y “desinformación”
Mientras avanzaba la discusión, el director general de Conagua, Efraín Morales López, afirmó este jueves, que varias versiones difundidas entre productores carecen de sustento. Señaló que la reforma a la Ley de Aguas no impide heredar terrenos con títulos de agua ni bloquea su venta. Rechazó que se criminalice a pequeños agricultores por prácticas habituales como trasladar agua dentro de sus parcelas o construir bordos, y señaló que las sanciones se enfocan en quienes operan con poder o explotan ilegalmente grandes volúmenes.
Morales López también aseguró que la iniciativa no pretende regular la captación de lluvia ni intervenir en la renta de parcelas. Explicó que el objetivo de la Ley de Aguas es combatir el robo de agua y ordenar el uso del recurso, sin afectar actividades productivas legítimas.
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