Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hermana del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se ha visto envuelta en una polémica por el uso de recursos públicos para asistir a actos políticos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Según el periodista Carlos Loret de Mola, la ministra utilizó dinero de la SCJN para cubrir viajes a diversas ciudades del país, donde participó en eventos relacionados con la Reforma Judicial impulsada por Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Las acusaciones:
En un reportaje presentado en Latinus, Loret de Mola señaló que Batres, quien en su momento se presentó como «la ministra del pueblo«, estaría usando fondos públicos para promover una agenda política vinculada a su partido, en lugar de cumplir con sus responsabilidades como integrante de la SCJN. A través de documentos de transparencia, se reveló que Batres viajó en al menos seis ocasiones en el mes de julio y dos en agosto a ciudades como San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, y Monterrey, entre otras.
La ministra habría asistido a eventos organizados por legisladores y simpatizantes de Morena, defendiendo la Reforma Judicial de AMLO, pero sin reportar oficialmente que se trataba de actos políticos. A pesar de que Batres presentó los viajes como participaciones en foros académicos e informativos, las publicaciones en redes sociales y las fotografías mostraron su presencia en estos eventos, lo que levantó sospechas sobre su comportamiento.
El uso de recursos públicos para fines políticos: un conflicto de intereses
En sus informes oficiales, Batres alegó que sus viajes fueron para promover el debate sobre la Reforma Judicial, pero los documentos de la Corte mostraron que en estos eventos se defendió principalmente la reforma de AMLO, lo que llevó a cuestionamientos sobre la imparcialidad de la ministra. Además, se reveló que en estos viajes estuvo acompañada por Eduardo Murillo Torres, un funcionario de su oficina, a quien también se le pagaron viáticos por un total cercano a los 160 mil pesos, incluyendo pasajes de avión.
La vinculación de Batres con los eventos de Morena ha sido ampliamente criticada por organizaciones civiles y partidos políticos. En particular, el hecho de que haya utilizado recursos públicos para fines partidistas genera dudas sobre su imparcialidad como ministra de la SCJN. Aunque la ministra no ha respondido públicamente a las acusaciones, su vínculo con Morena y la defensa activa de la Reforma Judicial continúan siendo temas de debate en la política mexicana.
Reforma Judicial de AMLO: ¿intereses personales o institucionales?
La Reforma Judicial propuesta por AMLO ha sido uno de los pilares de su gobierno, buscando transformar la estructura del Poder Judicial y hacerla más eficiente. Sin embargo, la polémica sobre el uso de recursos públicos por parte de Batres resalta la creciente politización de la justicia en México, donde figuras del gobierno y la Suprema Corte parecen estar alineadas con intereses partidistas.
La participación de Batres en estos foros refuerza la idea de que la Reforma Judicial podría estar siendo utilizada como una herramienta política para fortalecer a Morena, lo que genera desconfianza en su propósito y en la independencia del Poder Judicial.
Impacto en la SCJN y la política en México
La controversia sobre los viajes de Lenia Batres ha puesto en entredicho la transparencia y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un contexto donde la confianza pública en las instituciones está cada vez más erosionada, los actos de ministros de la Corte como Batres solo contribuyen a alimentar la percepción de que el sistema judicial está siendo politizado. Este tipo de situaciones debilita aún más la credibilidad del Poder Judicial y genera un vacío de confianza en la ciudadanía.
Los opositores a la Reforma Judicial, como los partidos de la coalición Va por México, han señalado que este tipo de acciones demuestran la parcialidad del gobierno y la falta de independencia de la SCJN. Los críticos argumentan que el hecho de que una ministra use recursos públicos para participar en eventos de un partido político es un grave conflicto de intereses que debe ser investigado a fondo.
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