La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el Amparo en Revisión 54/2024, con el cual decidirá si debe ejecutarse la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La votación en el pleno fue cerrada: cinco ministros a favor y cuatro en contra de la atracción del caso.

Una votación dividida en la Corte

Durante la sesión, la Corte aceptó conocer del caso a solicitud de la FGR, que presentó una Solicitud de Ejercicio de Facultad de Atracción (SEFA) para que el máximo tribunal analizara el fondo del amparo.

Votaron en contra de la atracción los ministros Hugo Aguilar Ortiz (presidente), Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García.
A favor lo hicieron Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González.

La estrecha diferencia refleja la complejidad jurídica y política del caso, que involucra tanto la autonomía del Poder Judicial como la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía.

Los orígenes del caso: acusaciones por corrupción y lavado

La orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca fue girada el 4 de octubre de 2022 por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. La FGR, con base en denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo acusó de favorecer empresas propias o vinculadas durante su gestión como gobernador para obtener contratos públicos por un valor aproximado de 105 millones de pesos.

Según la fiscalía, estas operaciones constituían actos de delincuencia organizada y lavado de dinero, al haber transferencias bancarias irregulares y triangulación de recursos.

No obstante, el exmandatario panista negó las acusaciones y las calificó como una persecución política.

El camino judicial: amparos y resoluciones encontradas

El 11 de octubre de 2022, pocos días después de emitirse la orden de captura, García Cabeza de Vaca promovió un amparo indirecto ante los juzgados federales de Tamaulipas, argumentando la ilegalidad de la orden.

El 27 de febrero de 2023, el juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito, le concedió la protección de la justicia federal, anulando temporalmente la orden de aprehensión.

Sin embargo, la FGR interpuso un recurso de revisión, y el 17 de agosto de 2023, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito revocó esa decisión y ordenó reponer el procedimiento.

En cumplimiento de esa instrucción, el 30 de noviembre de 2023, la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, ahora a cargo del mismo juzgado, emitió una nueva sentencia que volvió a otorgar el amparo a Cabeza de Vaca.

La nueva resolución: falta de pruebas de delito

En su resolución, el Juzgado Octavo de Distrito ordenó al juez Enrique Beltrán Santes, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dejar sin efecto la orden de aprehensión del 4 de octubre de 2022 y dictar una nueva resolución.

El fallo fue contundente: el Ministerio Público no acreditó con pruebas suficientes que se hubieran cometido los delitos de delincuencia organizada ni lavado de dinero. Tampoco se demostró la probable participación del exgobernador en esas operaciones.

El juez consideró que las transferencias bancarias señaladas por la fiscalía correspondían a compraventas de inmuebles declaradas ante el SAT, y que el Ministerio Público omitió información clave que podía justificar los movimientos financieros.

El debate que enfrenta ahora la Suprema Corte

Con la atracción del caso, la SCJN deberá determinar si se mantiene el amparo otorgado a Cabeza de Vaca —que lo protege de ser detenido— o si, por el contrario, debe ejecutarse la orden de aprehensión.

El análisis del tribunal no solo será técnico, sino también institucional y político, pues implica evaluar los límites de la autonomía de los jueces federales frente a las investigaciones de la fiscalía.

Además, se espera que el fallo de la Corte siente un precedente importante sobre la interpretación del debido proceso y la validez de las pruebas financieras en delitos de lavado de dinero.

La decisión de la Suprema Corte marcará un punto decisivo en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los más controvertidos en la política reciente de México.

Mientras la FGR busca reactivar la orden de aprehensión y continuar el proceso penal, la defensa del exgobernador insiste en que se trata de una persecución con motivaciones políticas.

En las próximas semanas, el máximo tribunal deberá definir si prevalece la protección judicial concedida al exmandatario o si se reactivan las acusaciones penales, en un fallo que podría tener repercusiones legales y políticas a nivel nacional.