Los principales bloques parlamentarios de Argentina, kirchnerismo, PRO y UCR, acordaron avanzar en la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, destinada a esclarecer responsabilidades en la crisis del fentanilo adulterado, que ha dejado 87 víctimas fatales y se considera la mayor emergencia sanitaria desde el retorno de la democracia. El bloque La Libertad Avanza decidió no sumarse al consenso.

Tras intensas negociaciones, los representantes de cada fuerza política consensuaron un texto único para el dictamen que dará origen a la comisión. Entre las diputadas encargadas de definir los términos del pre dictamen se encuentran Paula Penacca y Victoria Tolosa Paz (kirchnerismo), Silvia Lospennato y Silvana Guidici (PRO), Karina Banfi (UCR) y Carla Carrizo (Democracia).

Objetivos y funcionamiento de la comisión

El documento establece la estructura, autoridades y plazo de funcionamiento, así como los mecanismos para solicitar información al Ministerio de Salud y al ministro Mario Lugones, quien hasta el momento no ha respondido a las citaciones ni emitido declaraciones públicas.

La comisión será exclusivamente de diputados y tendrá un funcionamiento de cinco meses, de manera que cualquier cambio en la composición parlamentaria posterior al 10 de diciembre podría modificar su integración. Además, se determinó que la presidencia no recaerá en el kirchnerismo, PRO ni UCR, y el cuerpo estará compuesto por 31 legisladores.

El cronograma prevé que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes y Reglamento se reúnan el miércoles por la tarde. Sin embargo, debido a la sesión programada para debatir presupuestos universitarios y la situación del hospital Garrahan, podría reprogramarse la reunión inicial.

Investigación judicial en paralelo

En paralelo, la investigación judicial continúa bajo la conducción del juez federal Ernesto Kreplak. En las últimas horas, se tomó declaración a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex funcionaria del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) de la ANMAT, quien reconoció que desde noviembre de 2024, el laboratorio Ramallo SA, encargado de elaborar productos para HLB Pharma Group SA, estaba al tanto de que no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y que debía subsanar las “no conformidades” antes de continuar con la producción.

Esta declaración podría ser clave para determinar las responsabilidades en la tragedia que afectó a decenas de familias argentinas y que expone fallas en la supervisión de medicamentos a nivel nacional.

El acuerdo entre kirchnerismo, PRO y UCR para conformar una comisión investigadora marca un paso importante en la respuesta legislativa a la crisis del fentanilo adulterado. Mientras tanto, la justicia avanza de manera paralela, buscando esclarecer el origen de los productos contaminados y las responsabilidades de los laboratorios y organismos de control, en un caso que ha conmocionado al país y evidenciado la vulnerabilidad del sistema de fiscalización de medicamentos.