Jueces del país viven un momento de tensión institucional que pocos imaginaban posible dentro del Poder Judicial de la Federación. Todo comenzó cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, ordenó a tres Jueces federales de Zapopan eliminar completamente las suspensiones concedidas en amparos contra la reforma judicial de 2024. Esa instrucción desató un efecto dominó que hoy mantiene encendida la discusión nacional sobre la autonomía judicial, los límites de la ley y el futuro de quienes ejercen la impartición de justicia.
La instrucción que transformó el escenario judicial
El acuerdo firmado por Aguilar cayó como un rayo en los pasillos de los tribunales. Los jueces, acostumbrados a interpretar la Constitución como guía, se encontraron de pronto frente a una orden directa que les exigía revocar todo lo que habían concedido previamente. En el corazón de la controversia estaba la disminución de salarios y la permanencia en el cargo, dos garantías históricas asociadas con la independencia judicial.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ), sucesor del extinto Consejo de la Judicatura Federal, había solicitado claridad sobre los efectos de una sentencia emitida meses antes. Lo que parecía una consulta rutinaria terminó convirtiéndose en un parteaguas: los jueces debían eliminar todas las suspensiones, incluso aquellas relacionadas con aspectos derivados del proceso electoral judicial.
Una sentencia que cambió el rumbo
La sentencia escrita reveló algo que no todos observaron al principio. No solo se trataba de revocar suspensiones sobre elecciones internas, sino de un fallo que declaraba incompetentes a los jueces de amparo para conocer de estos casos por tratarse de materia electoral. Este detalle cambió por completo el terreno legal, y dejó a miles de afectados sin la protección temporal que habían obtenido.
La reacción de los Jueces no se hizo esperar. Entre pasillos se hablaba de incertidumbre, de la presión institucional y del mensaje que enviaba esta interpretación legal. Sin embargo, pese a las opiniones, la orden estaba dada y el cumplimiento era obligatorio.
El impacto sobre salarios y estabilidad
El tema económico reavivó la polémica. Durante 2024 y 2025, gracias a las suspensiones de los jueces, el Consejo de la Judicatura había mantenido los salarios tradicionales: 3.1 millones netos anuales para Magistrados de Circuito y 2.9 millones para Jueces de Distrito. Estas cifras contrastaban con el nuevo referente que establecía que ningún funcionario del Poder Judicial podía ganar más que la Presidenta de la República.
Con la revocación, se cerraba la puerta a la continuidad de esos salarios altos. Para muchos jueces, esto significaba enfrentar un nuevo escenario económico, pero para otros era la señal de una erosión progresiva de la autonomía judicial.
Una batalla de legitimidad
Para los Jueces involucrados, el caso representaba más que una instrucción administrativa. Era la afirmación de que las decisiones técnicas podían verse sometidas a cuestionamientos de origen político. Algunos Jueces expresaron que la autoridad que ahora los obligaba a revocar suspensiones estaba reinterpretando un acto jurisdiccional que originalmente respondía a criterios técnicos, no partidistas.
El debate se intensificó cuando la propia Corte subrayó que las elecciones judiciales no podían frenarse con amparos. Esta postura generó discusiones sobre la línea fina entre la división de poderes y la autoridad de la Corte sobre Jueces de menor rango.
La historia detrás de los amparos
Los 550 amparos que originaron la crisis fueron acumulados en tres juzgados de Zapopan. Su objetivo inicial era frenar la reforma judicial en varios aspectos, incluido el sistema de elección de jueces. La magnitud del número reflejaba la inquietud de miles de ciudadanos, servidores públicos y especialistas que advertían riesgos en los alcances de la reforma.
El fallo final determinó que esos amparos no podían ser conocidos por los Jueces, pues se trataba de materia electoral. Esa interpretación no solo invalidó meses de trabajo judicial, sino que consolidó la idea de que los Jueces estaban sometidos a estructuras jerárquicas más rígidas.
La voz desde dentro del Poder Judicial
Algunos jueces expresaron que el problema no era la reforma, sino la forma en que se estaban aplicando decisiones que afectaban directamente sus funciones. Muchos argumentaron que la independencia judicial no se sostiene únicamente con leyes, sino con condiciones laborales, salariales y de estabilidad que permitan actuar sin miedo a represalias.
En círculos académicos, la discusión se enfocó en si esta intervención podía establecer un precedente peligroso. La sensación de que los Jueces podían perder autonomía generó preocupación entre asociaciones civiles y observadores del sistema judicial.
El presupuesto que avivó la controversia
La crisis también alcanzó la discusión presupuestaria. El extinto CJF había solicitado más de 74 mil millones de pesos para 2025, una cifra que inmediatamente fue rechazada por el OAJ. A esto se sumó un recorte posterior aprobado por la Cámara de Diputados, lo que dejó al Poder Judicial con recursos considerably menores.
Este recorte alimentó la percepción de que los Jueces estaban siendo debilitados institucionalmente. Para algunos, era parte de una reforma necesaria; para otros, un riesgo para la impartición de justicia.
¿Un antes y un después para los Jueces?
A medida que se desarrolla el procedimiento, los Jueces enfrentan la posibilidad de inhabilitación hasta por veinte años, una sanción que tendría un impacto devastador en sus carreras. La incertidumbre crece, pero también la determinación de algunos de defender su actuación en tribunales superiores o mediante amparos directos.
El país observa cómo se escribe un capítulo que podría redefinir la relación entre los órganos judiciales y el máximo tribunal.
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