En México, la gestión del agua vuelve a estar en el centro del debate público. Las iniciativas para la Ley General de Aguas (LGA) y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) han sido calificadas por especialistas como continuadoras de políticas neoliberales establecidas desde 1992, que permiten la privatización del líquido y favorecen el acaparamiento por grandes grupos económicos.
Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario con casi 20 años de experiencia en gestión del agua, explicó que las propuestas actuales coinciden con leyes previas como la Ley Korenfeld (2015) y la Ley Pichardo (2017), ambas frenadas por la movilización social.
“Aunque no se establecen obligaciones expresas, sí se mantiene la puerta abierta para que privados operen infraestructura estratégica”, comentó.
Privatización latente en infraestructura estratégica
La fracción X del artículo 9 de la reforma permite a Conagua concesionar la construcción y operación de obras hidráulicas. Esto podría incluir sistemas como el Cutzamala o la polémica presa “El Zapotillo”, lo que evidencia que el riesgo de privatización persiste, alertan expertos.
Más de 80 organizaciones agrupadas en la Coordinadora Nacional Agua para Todos señalan que la LAN, vigente desde el sexenio de Carlos Salinas, permanece prácticamente intacta. No se contemplan mecanismos para reconocer los derechos al agua de pueblos indígenas, comunidades locales y pequeños agricultores, ni se corrige el sobreconcesionamiento, un problema histórico que permite la concentración de recursos hídricos en pocas manos.
Derecho humano al agua y concentración de poder
La reforma menciona el derecho humano al agua apenas una vez y con una estrategia de 60 años, mientras se mantiene el Consejo Consultivo del Agua, dominado por grandes concesionarios y constructores de megaobras. Montoya destacó que se deroga el Artículo 11 Bis, eliminando la Contraloría Interna sin reemplazo por un órgano especializado que supervise legalmente los procesos administrativos.
Otro punto crítico es la cuota de garantía, un mecanismo que permite a concesionarios mantener volúmenes de agua aunque no los usen, ampliándose de dos a seis años, lo que expertos consideran un incentivo a la especulación y acaparamiento. Asimismo, se busca restringir el carácter público del Registro de Derechos de Agua, limitando la transparencia y favoreciendo la seguridad jurídica para los concesionarios privados.
Impacto social y ambiental
La consolidación de estas iniciativas podría mantener a las grandes empresas como los principales beneficiarios, mientras los pequeños usuarios y comunidades indígenas continúan con acceso limitado. Investigadores advierten que esta política también puede afectar la sostenibilidad de recursos hídricos estratégicos, especialmente en zonas con escasez crónica de agua.
La actualización de la LAN incluye 161 cambios, la mayoría relativos a ajustes de nomenclatura y lenguaje con perspectiva de género, pero no modifica la estructura central de concesiones ni garantiza la protección del derecho al agua.
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