La crisis migrante en México ha llegado a un punto crítico. Miles de personas están siendo deportadas de Estados Unidos y regresan a sus estados de origen sin una red de apoyo efectiva. Mientras el gobierno federal ha implementado programas sociales para facilitar su reinserción, algunos gobernadores parecen más interesados en usar la crisis como una oportunidad para exigir más presupuesto sin asumir su parte de responsabilidad.
Uno de los casos más notorios es el de Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, quien ha señalado que “no hay presupuesto” para atender a los migrantes deportados. Su argumento ha sido respaldado por la presidenta de la Comisión de Población y Migración en Hidalgo, Johana Montcerrat Hernández Pérez, quien pidió un “recurso extraordinario” para enfrentar la situación.
¿De verdad no hay dinero o es cuestión de prioridades?
La narrativa de la escasez de recursos no es nueva, pero resulta contradictoria cuando se observa el manejo del presupuesto estatal en otros ámbitos. Si no hay dinero para apoyar a los migrantes que regresan después de años sosteniendo la economía con sus remesas, ¿por qué sí lo hay para proyectos de infraestructura cuestionables y contratos millonarios para obras con sobrecostos?
El problema no es solo financiero, sino de voluntad política. Mientras algunos gobernadores alegan que la crisis los ha tomado por sorpresa, la realidad es que la migración ha sido un problema estructural en México durante décadas. Las entidades con mayores índices de migración no pueden seguir evadiendo su responsabilidad ni depender exclusivamente del gobierno federal para atender a su propia población.
El mensaje de Sheinbaum a los estados: no más evasivas
Desde el inicio de su administración, Claudia Sheinbaum dejó claro que los gobiernos estatales no pueden lavarse las manos en esta crisis. La Federación ha puesto en marcha programas de apoyo social, pero los estados deben comprometerse a crear empleos, garantizar acceso a salud y educación, y facilitar la reinserción de los migrantes.
Ante esto, los empresarios ya han dado el primer paso al anunciar 50 mil empleos para repatriados, lo que demuestra que el sector privado está dispuesto a colaborar. Pero, ¿y los gobiernos estatales?
¿Dónde están sus estrategias de desarrollo?
¿Cuánto dinero han destinado realmente a la reinserción de los migrantes?
¿Seguirán usando la crisis como pretexto para endeudar más a sus estados?
Más allá de la contención: una solución estructural
El verdadero reto no es simplemente contener la crisis migrante, sino resolverla a largo plazo. Si los estados no generan condiciones de arraigo, los migrantes seguirán saliendo en busca de oportunidades y arriesgando sus vidas en el proceso.
Es hora de que los gobiernos locales asuman su responsabilidad y dejen de depender únicamente de la Federación para gestionar los problemas que ellos mismos han ignorado durante décadas. La crisis migrante no puede ser un negocio político ni un pretexto para obtener más recursos sin rendir cuentas.
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