La carrera política de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrenta un nuevo capítulo judicial. El pasado 23 de julio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECAM) presentó una solicitud formal para retirarle el fuero constitucional, acusándolo de peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador de la entidad.

La petición fue entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, iniciando así el proceso de declaración de procedencia, requisito indispensable para que el legislador pueda ser sometido a juicio penal. Esta solicitud se fundamenta en cuatro carpetas de investigación ya judicializadas, que involucran un presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos del erario público.

Las obras fantasma y contratos cuestionables bajo la lupa

De acuerdo con los expedientes entregados en San Lázaro, los fondos desviados están relacionados con diversos proyectos durante el periodo de 2015 a 2019, cuando Moreno Cárdenas fungía como gobernador de Campeche. Entre los casos más relevantes destaca la construcción de la Plaza Colosio, a la que se asignaron 18.2 millones de pesos.

Otro caso involucra la simulación de servicios dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con un presunto desvío de 27.2 millones de pesos. Además, se investiga la entrega de contratos de publicidad por 14.1 millones de pesos a la televisora local Mayavisión, ligada a actores políticos cercanos al exgobernador.

La investigación también señala un contrato inusual por 23.8 millones de pesos con una empresa originalmente dedicada al buceo, que fue transformada en consultora fiscal para operar con la Administración Portuaria Integral de Campeche. Esta maniobra habría servido para simular servicios y desviar recursos mediante mecanismos irregulares.

Colaboradores procesados y delaciones internas

La FECAM informó que 17 exfuncionarios de la administración de “Alito” han sido ya vinculados a proceso penal, lo que refuerza la seriedad de las acusaciones. Además, dos de ellos accedieron a un criterio de oportunidad, es decir, se comprometieron a colaborar con las investigaciones a cambio de posibles beneficios legales.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya había denunciado estas irregularidades desde 2022 en sus transmisiones semanales conocidas como “Martes del Jaguar”, lo que coloca estas acusaciones dentro de una disputa política de largo aliento entre MORENA y el PRI.

El caso llega al Congreso: ¿proceso jurídico o batalla política?

La Secretaría General de la Cámara de Diputados turnó la solicitud a la Sección Instructora, el órgano legislativo encargado de analizar y dictaminar los casos de desafuero. Esta sección fue integrada el 24 de junio de 2025, y está presidida por Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena), con la participación de Leonel Godoy Rangel (Morena), Rubén Moreira Valdez (PRI) y José Elías Lixa Abimerhi (PAN).

La conformación de este grupo refleja un equilibrio tenso entre intereses partidistas, lo que anticipa un debate político encendido. En este contexto, la decisión de retirar o no el fuero a Alejandro Moreno podría definirse tanto en el terreno jurídico como en el político-electoral.

Alito responde y acusa persecución desde el oficialismo

Desde su cuenta en la red social X, el dirigente tricolor respondió enérgicamente a las acusaciones. Afirmó que el proceso en su contra forma parte de un pleito interno dentro de Morena, motivado por la lucha por el poder y el control político.

“Como siempre, el pueblo de México es quien paga las consecuencias de los pleitos en Morena. Acepten lo inevitable: se les acabó el tiempo”, escribió Moreno, acusando al partido oficialista de impulsar un “pacto de impunidad entre cuates”.

Estas declaraciones buscan reforzar su narrativa de que el proceso es un intento de represalia política, especialmente ahora que se aproximan definiciones clave en el Congreso y se intensifica la lucha por la sucesión en diversos cargos públicos.

Un caso que podría marcar precedentes

El procedimiento de desafuero contra un dirigente nacional de partido en funciones no es un hecho menor. El caso de “Alito” Moreno no solo involucra acusaciones penales por corrupción, sino que pone a prueba los mecanismos de rendición de cuentas, así como la independencia del Poder Legislativo frente a intereses partidistas.

Si la Sección Instructora encuentra méritos suficientes, el dictamen pasará al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá mayoría absoluta para levantar el fuero del priista. Esto abriría la puerta para que enfrente un proceso penal formal, algo que no ha ocurrido con ningún líder nacional del PRI en tiempos recientes.

El proceso de desafuero contra Alejandro Moreno pone sobre la mesa un conflicto donde se mezclan acusaciones de corrupción documentadas, intereses políticos y luchas partidistas. Mientras la Fiscalía de Campeche asegura tener pruebas contundentes del desvío de más de 83 millones de pesos, el líder del PRI insiste en que se trata de una maniobra impulsada por MORENA. En este cruce de caminos entre la ley y la política, el desenlace no solo definirá el futuro de “Alito”, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en México.